La Corte Suprema notificó por escrito al Campamento Centenario de San Antonio -que alberga más de 5 mil familias- del inminente desalojo del asentamiento precario, ratificando la acción que dictaminó la Corte de Apelaciones hace más de 6 meses. Desde el Congreso, llaman al Estado a buscar el equilibrio entre satisfacer el derecho a propiedad de los dueños y el derecho a vivienda de los habitantes de la toma.
El jueves 4 de enero, habitantes del mega campamento Centenario de San Antonio fueron notificados oficialmente de la orden de desalojo contra más de 5 mil familias que habitan el asentamiento.
Han pasado más desde 6 meses desde que el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio 4 meses a sus habitantes -que desde ese dictamen han ido en aumento- para abandonar los terrenos.
En concreto, la toma en la región de Valparaíso se ubica específicamente en el Cerro La Virgen de San Antonio, lugar donde actualmente viven alrededor de 15 mil personas.
Según consignó el medio El Líder de San Antonio, una de las dirigentas de la toma, Karina Ayala, contó que aparecieron unos papeles pegados en algunas puertas de viviendas y también en el piso.
“Notifíquese nuevamente la sentencia apelada a la totalidad de los ocupantes del inmueble ordenado a restituir. Así como también de la presente resolución, que debe estar presente en al menos tres sectores visibles de la propiedad”, indican según el medio citado.
San Antonio: parlamentarios llaman a buscar el equilibrio ante desalojo de toma
Sobre eso, el diputado Tomás de Rementería (PS) recordó que se ha estado realizando un catastro e indicó que se debe encontrar la manera de equilibrar el derecho de los propietarias con el derecho a la vivienda.
Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez apuntó que el problema habitacional es en todo la región y es un tema de Estado.
A lo anterior, el parlamentario agregó que la justicia hizo lo que tenía que hacer y planteó que lo que hay que esperar es que el Gobierno entregue alternativas que permitan el cumplimiento del fallo.
En la misma línea, el diputado radical Tomás Lagomarsino sostuvo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de prevenir el ‘drama humano’ que podría generar un desalojo o la pérdida de las viviendas de miles de familias.
En torno a las acciones del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha estado realizando un catastro de las familias con un único objetivo.
Se busca saber quiénes son, cuántos son, en qué situación se encuentran y si sus casos reúnen características para postular a beneficios estatales.
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