Los acusados quedaron en prisión preventiva por los 120 días fijados como plazo de la investigación. Además se conoció que la banda criminal tenía un patrimonio de más de 500 millones de pesos.
Autos de alta gama, cerca de 12 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, municiones, dosis de cocaína y marihuana, fueron parte de los elementos incautados en la denominada operación “Bullet”, desarrollada en la región de Valparaíso.
La Policía de Investigaciones detuvo a tres personas acusadas de integrar una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en las comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas.
Lo anterior es el resultado de más de 365 días de diligencias realizada por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, lo que permitió frustrar las operaciones de una banda acusada de dedicarse al tráfico de drogas en las comunas de Nogales, Hijuelas, La Calera e incluso en la Región Metropolitana.
Armas, municiones, droga y autos incautados
En la operación policial se incautó una pistola, un fusil modelo 1874 -posiblemente usado en la guerra del Pacífico-, municiones, cerca de $12 millones en efectivo, cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, además, de seis vehículos motorizados, dos de ellos de alta gama, los que fueron avaluados en más de 180 millones de pesos.
Los detenidos por esta causa, son tres personas, dos de ellas con antecedentes policiales por homicidio y otros delitos. Así lo comentó el Prefecto de la PDI Marcos Ramírez, jefe de la Prefectura Viña del Mar.
Respecto de la persecución penal de estos delitos, la Fiscalía informó de que todos los detenidos, pasaron a control de prevención y, tras su formalización de cargos, quedaron en prisión preventiva, mientras continúe la investigación.
En la audiencia se reveló que poseían un patrimonio de más de 500 millones de pesos, confirmó José Uribe, fiscal Jefe Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
Los presuntos integrantes de esta banda fueron formalizados por la infracción a la ley de drogas y de armas. Además se fijó en 120 días de plazo para la investigación del Ministerio Público.
