Tras las irregularidades en los pagos para la restauración y próximo funcionamiento de los tradicionales ascensores de Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp anunció que se llevará a cabo una mesa de trabajo para generar un plan de emergencia, en busca de una solución. Mientras el jefe comunal apunta a crear una empresa pública de transportes, el edil Dante Iturrieta apeló al rescate de las estructuras.
El alcalde Jorge Sharp señaló que se va a gestionar una mesa de trabajo que desarrolle un plan de emergencia para evaluar la situación de los ascensores en Valparaíso. La reunión se efectuará con el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación Regional.
Esto a propósito de los pagos irregulares por los que la Contraloría iniciará un proceso de reparo, con el que busca restituir más de 620 millones de pesos en beneficio de las arcas fiscales, por los proyectos de restauración que nunca fueron ejecutados.
En entrevista con La Radio, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp indicó que se buscará asegurar el funcionamiento de los ascensores y trolebuses en la comuna puerto a través de la creación de una empresa pública de transporte.
“Nosotros pensamos que es muy importante que los ascensores puedan mantenerse bajo el control de la ciudad, y constituir una red de transporte público en torno a ellos(…)Crear la primera empresa de transporte público de Chile”, sostuvo
En tanto, el concejal de la comuna, Dante Iturrieta, señaló que más que una empresa pública de transporte, se debería gestionar una corporación para rescatar los ascensores de la ciudad puerto.
“Debería funcionar una corporación que sea exclusiva para los ascensores”, manifestó.
Desde La Radio tomaron contacto con la Seremi de Transportes para consultar sobre la viabilidad de una empresa pública o una corporación que se haga cargo de los ascensores. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron.
Cabe señalar que desde el Ministerio de Obras Públicas aseguraron que se puso término anticipado de los contratos de las obras de los ascensores Monjas y Villaseca, debido a incumplimientos de las constructoras. En el caso de esto último, el MOP detectó irregularidades en la administración del contrato -que fueron informadas públicamente- y ordenó una auditoría interna.
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