La Contraloría General de la República iniciará un reparo con el que busca restituir más de $620 millones en beneficio de las arcas fiscales. Esto, luego de que descubriera numerosos pagos irregulares por parte del Ministerio de Obras Públicas en la refacción de ascensores de Valparaíso.
Fue en diciembre de 2019, cuando la Unidad de Investigación de BioBioChile develó el desembolso de varios millones de pesos por obras de restauración en el ascensor Villaseca de Valparaíso que nunca fueron ejecutadas.
Ahora, el organismo de control emitió un lapidario informe en el que confirma las anomalías detectadas en los trabajos a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, repartición dependiente del MOP en la zona.
¿Y las obras?
En el documento -al que tuvo acceso BBCL-, Contraloría informó que buscará recuperar los dineros pagados en relación a partidas correspondientes al ascensor Villaseca, que suman un total de más de 304 millones de pesos, pese a que no fueron ejecutadas o se concretaron en porcentajes menores a lo constatado en la realidad.
Pero eso no es todo. La misma medida se adoptará para el caso de algunos pagos del ascensor Monjas, por un total de 5,1 millones de pesos que corrieron igual suerte. Es decir, dineros cancelados por trabajos fantasmas.
Y hay más. Se incluirá también en el citado reparo, un pago improcedente por más de 165 millones de pesos, asociado a las cabinas y tableros eléctricos que fueron instalados, pagados y posteriormente retirados por la empresa a cargo de los trabajos.
También se incorporará la autorización irregular de obras adicionales correspondientes al contrato del ascensor Villaseca por más de $83 millones.
El desglose está conformado por mayores obras en el plano de rodadura ($18,4 millones), excavaciones ($34,2 millones) y el remplazo y provisión de elementos mecánicos ($30,5 millones).
Cambios a medio camino
El listado sigue. Además se considerarán obras autorizadas en el contexto del contrato de ejecución del ascensor Monjas, por los proyectos de especialidades de agua potable y alcantarillado ($31,7 millones) y la incorporación de una obra extraordinaria relativa a la instalación del motor en el ascensor ($32 millones).
Esta última, advierte la Contraloría, no cumple con lo especificado en el contrato y tampoco existe la seguridad que sea adecuado para la instalación.
Y peor aún: reemplazó al especificado originalmente sin que hubiera una justificación técnica para ello.
Sin ir más lejos, el reemplazo de piezas jugaron un rol fundamental en la caída del ascensor Concepción ocurrido el 1 de febrero de 2020.
Así lo reveló otra investigación de este medio, que -en base a documentos reservados- reconstruyó las numerosas alertas que precedieron al accidente que dejó a seis personas lesionadas y que pudo terminar en tragedia.
Vecinos pagan consecuencias
“El informe de la Contraloría es categórico. Este Gobierno gastó millones de pesos en trabajos no efectuados”, fustigó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, una vez conocidos los resultados del informe.
“¿Quién paga las consecuencias de estas malas políticas? Los ciudadanos de Valparaíso que no han podido por años contar con sus ascensores”, criticó el jefe comunal.
Y sentenció: “Exigimos que no sólo se persigan las posibilidades, sino que -en concreto- se apure el tranco para la apertura pronta de todos los ascensores de Valparaíso”.
Requeridos, desde el MOP emitieron una declaración pública en la valoraron los reparos y conclusiones de la Contraloría.
“Los resultados de esa auditoría (…) generaron desde fines de 2019 la adopción de diversas medidas para mejorar los procesos por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura”, afirmaron.
Entre ellas, mencionaron que se procedió a la “reorganizaron los equipos de trabajo en la Dirección Regional, se formó una unidad de profesionales con dedicación exclusiva y se realizaron nuevos estudios y consultorías de diseño para mejorar los antecedentes que se entregan en las licitaciones y reducir las materias a resolver durante las obras”.
De todos modos, Contraloría indicó que dispondrá la ejecución de un procedimiento disciplinario, para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
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