En la jornada de este miércoles, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, se declaró competente para tramitar la causa por eventual fraude al fisco en arriendo de residencias sanitarias y en la que se atribuye responsabilidad al Presidente de la República, al actual ministro de salud y al anterior titular de esa cartera, entre otros. En específico, se le imputa a los hoteles O'Higgins y Gala, haber recibido pagos dobles por parte del fisco respecto a los servicios prestados durante la pandemia.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se declaró competente para tramitar la causa que lleva el Ministerio Público por el eventual delito de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias en el arriendo de los hoteles Gala y O’Higgins como residencias sanitarias, en la región de Valparaíso.

Los antecedentes se remontan a enero del 2021, cuando la Contraloría General de la República (CGR) entregó a la Fiscalía Regional de Valparaíso antecedentes de una auditoría realizada al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ). Esto tras un informe que averiguó que los servicios prestados por el Hotel Queen Royal como residencia sanitaria fueron pagados dos veces, gastando $173 millones de más.

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A los posibles delitos se le atribuye responsabilidad al Presidente de la República, Sebastián Piñera; al ministro de Salud, Enrique Paris; al ex titular de la cartera Jaime Mañalich y al ex subsecretario de Redes Asistenciales Luis Arturo Zúñiga.

Competencia del tribunal

En la audiencia de discusión de competencia, la magistrada Loreto León, acogió la solicitud del Ministerio Público. En la instancia consideró que existen precedentes que acreditan la ejecución de los eventuales ilícitos en el territorio jurisdiccional del tribunal.

La jueza, al resolver, determinó que existen antecedentes de que habría participación de autoridades locales. Por lo que afirmó que “aceptamos la competencia solo para conocer lo que dice relación con las dos residencias sanitarias, que son el hotel O’Higgins y el hotel Gala”.

Según lo expuesto en la audiencia por el fiscal Claudio Rebeco, “La querella hace referencia a delitos que se habrían cometido en la fase de contratación al incorporar cláusulas vinculadas al cobro de costos fijos diarios”.

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