Oficiaron al Ministerio y a la Subsecretaría de Vivienda junto a Serviu para conocer el estado de los avances de las obras de reparación del proyecto habitacional Mirador I y II de San Antonio. Las familias han esperado más de diez años en un proceso que trae a cuestas juicios de cuentas, sumarios, aristas penales y tres empresas que han estado a cargo de esta iniciativa.
Han pasado tres años desde que fue presentada una denuncia ante la Contraloría General de la República por los retrasos de obra en los proyectos habitacionales del Serviu Mirador I y II en San Antonio.
Por estos días ya se está insistiendo en conocer cuáles han sido los reales avances del estudio estructural y las obras de reparación de este esperado conjunto habitacional.
Es un proyecto de 16 torres con 128 departamentos para 256 familias, el que en su momento tuvo un incremento de su valor.
Eso porque el subsidio inicial fue de 800 Unidades de Fomento (UF) y llegó a sobrepasar las 2 mil UF, considerando que es una iniciativa solidaria de vivienda.
Pero eso no ha sido lo más grave del proceso: el proyecto ha tardado más de diez años y ha pasado por tres empresas.
En 2019 se conoció la investigación de Contraloría, indicando que había más de $120 millones mal pagados, tratos directos sin justificar y contratos con empresas que no estaban inscritas en el Registro Nacional de Consultores.
El diputado Andrés Célis (RN) en su momento denunció el hecho al ente contralor indicando que podían haber hechos constitutivos de delito.
Esta jornada envió un oficio de fiscalización al Ministerio de Vivienda, a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y al Serviu para conocer los avances de la iniciativa.
Ante todo, la solicitud tiene que ver con saber si hay presupuesto aprobado para el estudio de estructura que deben realizar en el proyecto habitacional.
Además habla de “problemas”, y con ello se refiere a serios problemas estructurales y de habitabilidad al momento en que se le entregaran las llaves a las familias en 2019.
Malas terminaciones, hoyos en las paredes, problemas de humedad en baños y cocinas y una serie de otros detalles que en la suma, propiciaron que la espera continúe.
Cristina Cautivo, presidenta del comité de vivienda representante de las 256 familias, contó que se reunieron con la subsecretaría de Vivienda y que les comprometieron un plazo de licitación.
Cristina dijo que no están pidiendo que se repare, si no que se derrumbe y empiecen de nuevo.
Tomás Ochoa, director del Serviu de Valparaíso, se refirió a la mesa de trabajo con los vecinos reconociendo que ellos tienen dudas del estado estructural del proyecto, por lo que harán una contratación para evaluar el estado de los edificios.
El Serviu también reportó que hizo la contratación de una empresa para realizar lo que se llaman trabajos de posventa, y que también está verificando casos individuales de familias que fueron solicitados por el comité.
