Una auditoría del Ministerio de Bienes Nacionales realizada a la rendición de cuentas anual 2018 de la administración del Parque Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua confirmó malos manejos de parte de la exdirectiva de la comunidad indígena Ma’u Henua, que encabezaba Camilo Rapu. En total no se rindieron 25 mil 200 entradas, que corresponden a 870 millones de pesos.
El informe es lapidario al indicar que de no corregirse estos “hallazgos”, se podría comprometer la gestión del parque y en un futuro “generar su inviabilidad económica”.
Se detectaron una serie de situaciones de distinta índoles: entre ellas una “falta de formato para la rendición de cuentas que incluya los ingresos y gastos del parque, bajo los principios contables universalmente aceptados”; la inexistencia de controles internos y un “gran desorden administrativo”.
El documento revela, por ejemplo, que no se rindieron 250 talones de 100 tickets cada uno. En total, son 25 mil 200 entradas no rendidas, que significan incrementar en más de 870 millones de pesos los ingresos informados por la comunidad Ma’u Henua.
Se detectaron también diferencias en las rendiciones mensuales de gastos por parte de la comunidad por más de 51 millones de pesos, y discrepancias entre la nómina de remuneraciones entregadas por la comunidad y lo pagado por las cotizaciones previsionales por un monto de más de 12 millones de pesos.
Además, existió un pago de asignación de dietas especiales para personas del Honui -que son parte de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) y por ello fiscalizan a la Comunidad Ma’u Henua- por 13 millones 200 mil pesos .
Como si eso fuera poco, se detallan arriendos de instalaciones de baños en territorio fiscal a un familiar directo de Camilo Rapu, exgerente de la comunidad, durante el año 2018, por 7 millones 200 mil pesos.
Hay más de 38 millones de pesos en préstamos, aportes económicos y médicos a personal contratado por la comunidad Ma’u Henua fuera del convenio.
También a empleados de la comunidad se les pagó en 2018 más de 23 millones de pesos por arriendos de caballares y un monto superior a los 41 millones de pesos por arriendos de vehículos.
Nancy Rivera, actual presidenta de la comunidad indígena Ma’u Henua, aseguró que van a pedir explicaciones y detalló algunas de las falencias detectadas
En sus 65 páginas, este informe de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Bienes Nacionales desglosa los hallazgos y recomienda a la comunidad implementar diferentes acciones correctivas, para fortalecer el control interno y mejorar la gestión y así afrontar las futuras rendiciones de ingresos y gastos.
Al Ministerio de Bienes Nacionales, la unidad propone implementar acciones de acompañamiento a la comunidad en materia de rendiciones y mejorar el contrato de concesión en cuanto a regular la forma de plazos y las rendiciones de la comunidad a la cartera, que den cuenta de los ingresos y gastos efectivos.
Estas observaciones son parte de lo que venían denunciando algunos miembros de la comunidad indígena Ma’u Henua desde 2016.
El Ministerio Público actualmente indaga las acusaciones por fraude y malversación de fondos contra Camilo Rapu. Esta situación gatilló la votación y elección de una nueva directiva, la que Rapu intentó impugnar.
Sin embargo, finalmente el Tribunal Electoral Regional (TER) la validó, quedando Nancy Rivera a la cabeza de la entidad que administra el parque nacional Rapa Nui.
Al respecto, Camilo Rapu, exdirector de la comunidad indígena Ma’u Henuafue, enfático en señalar que todos los dineros rendidos están correctamente respaldados, y acusó que dicha auditoría se realizó en solo dos días. Algo que a su juicio no da tiempo para detallar todos los dineros de la comunidad.
Además, manifestó que el fondo de esto se debe a presiones políticas por parte del gobierno para no inscribirlo como el actual presidente de Mau Henua.
“La ley dice que yo soy el presidente y el Gobierno todavía no lo ha inscrito y eso es porque ahí hay una manipulación política”, aseguró.
La comunidad Ma’u Henua se creó en 2016; el año anterior, con representación de 36 familias de la isla, nació la Asamblea Honui, que fiscaliza a la comunidad.
A partir del 1 de junio de 2018, tras haberse pactado durante el gobierno de Michelle Bachelet, comenzó la concesión gratuita por 50 años del parque a los rapanui, a través de la comunidad.
En ese sentido, su deber es cuidar y preservar el parque creado en 1966 –declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 por la Unesco-, que posee 7.130 hectáreas y representa un poco más del 40% de la superficie de Isla de Pascua.
