Contraloría publicó el informe de la auditoría realizada a Metro Regional de Valparaíso S.A. (Merval) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, que muestra anomalías en contratos y en el funcionamiento de trenes.

El ente fiscalizador hace ver en su informe 89-18 que la empresa ferroviaria firmó contratos mediante trato directo con la empresa Servicios de Ingeniería Cat Global Ltda., sin evidenciar motivos que justifiquen el no haber llamado a una licitación publica. Además agrega que existen clausulas de renovación que permiten la extensión indefinida de aquellos contratos.

Otro de los puntos indica la constatación de 679 averías y 791 incidentes en su puesta en marcha y estructuras.

Los desperfectos no han sido reparados y aún continúan pendientes. Debido a esto, Contraloría exigió un plazo límite para ello.

Al respecto, Jorge Martínez, intendente regional, no descartó presentar acciones legales contra Metro Valparaíso.

Además, en su informe, Contraloría llamó la atención a la empresa por superar la densidad máxima de pasajeros en los trenes, lo que ocurre en horarios punta en ambas direcciones.

En ello se evidencia faltas en medidas preventivas y correctivas, según el órgano, que determinó obligar a la empresa a instaurar acciones que resguarden la seguridad y comodidad de los pasajeros

El senador Francisco Chahuán declaró que los puntos expuestos tras la auditoría deben ser estudiados.

Pese a no querer dar una vocería al respecto, desde Merval descartaron que el informe consigne en sus conclusiones la existencia de irregularidades en la contratación de determinados servicios por parte de la empresa.

Según el comunicado, el informe sólo consigna una observación asociada a la no constatación de los motivos para justificar su contratación a través del mecanismo de trato directo.

Producto de tal observación, la Contraloría Regional de Valparaíso recomendó que el accionar futuro de Metro Valparaíso en este tipo de contrataciones procure el estricto apego a los principios que rigen la contratación en el ámbito público.

Del mismo modo, el órgano solicitó evitar la inclusión de las cláusulas de renovación automática en sus contrataciones.