Se trata de Martín Vargas Fuentes (gerente general) y Mario Villalobos Alvarado (subgerente), que ofrecieron dinero a concejales para obtener la licitación por la instalación de luminarias led. Al final el dinero no le llegó a nadie.

El Caso Luminarias LED Iquique tiene sus primeros condenados: dos trabajadores de ELEC Chile encontrados culpables en calidad de autores del delito de soborno reiterado a funcionarios públicos.

En resumen, se acreditó que Martín Vargas Fuentes (gerente general) y Mario Villalobos Alvarado (subgerente) ofrecieron dinero a concejales para obtener la licitación por la instalación de luminarias led.

Para ambos se ordenó el pago de 25 UTM y la inhabilitación absoluta para cargos públicos por siete años.

A eso se sumó una pena de 818 días de presidio, aunque con el beneficio de la remisión condicional, la sustitución de la cárcel por alguna medida a cumplir en libertad.

La historia del Caso Luminarias LED Iquique

La historia del Caso Luminarias LED Iquique según la acusación presentada por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, partió con el contacto de los condenados con funcionarios y concejales de la Municipalidad de Iquique, directamente o a través de intermediarios.

Eso para ofrecerles sobornos a cambio que ELEC se adjudicara la licitación de adquisición e instalación de luminarias públicas.

Así fue como la empresa pudo obtener información de las bases antes de su publicación y adecuar sus ofertas a las mismas, subiendo precios y ofreciendo parte de eso a los funcionarios.

En específico, la acusación indicó que los concejales Guillermo Cejas, Arsenio Lozano, Felipe Arenas y Mitchel Cartes aceptaron recibir un beneficio económico por parte de los representantes de ELEC, directamente o a través de los acusados Johann Vieira y Cristian Ureta, quienes actuaban como intermediarios. Para eso se realizaron reuniones en Santiago y en Iquique.

Posteriormente se realizó la adjudicación a la empresa ELEC, lo que quedó sin efecto meses después por advertirse la falta de cumplimiento de un requisito formal en la oferta, por lo que los beneficios económicos nunca fueron entregados a los concejales.