Colchane, pueblo ubicado en la frontera con Bolivia, en la región de Tarapacá, se convirtió este miércoles en el destino fatal para inmigrantes que buscaban de manera irregular entrar a Chile: dos personas, de nacionalidad venezolana y colombiana, murieron tras cruzar la desértica frontera a más de 3 mil 600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Ellos eran parte de un grupo de treinta personas, según informaron las autoridades locales, sin precisar la causa de las muertes.
Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia del coronavirus, el paso fronterizo en esa zona andina se convirtió, en los últimos meses, en la ruta perfecta para extranjeros indocumentados que quieren ingresar a Chile. A diferencia de la frontera con Perú en Arica, esta zona fronteriza es, por su extensión, menos custodiada por la policía.
“Estas muertes deben poner en máxima alerta a las autoridades chilenas. Esta crisis había sido ignorada y ha ido creciendo desde hace cuatro años. Los ingresos por pasos no habilitados se han triplicado y ahora tenemos una crisis humanitaria en el norte del país”, comentó a DW la representante de la organización de inmigrantes, Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo.
Tragedia advertida
En los últimos días, algunas autoridades de comunas de la región ya habían manifestado su preocupación por el considerable aumento del flujo migratorio de, sobre todo, venezolanos. Ellos exigieron la intervención urgente del Gobierno debido a la saturación del sistema de residencias sanitarias y de estadías transitorias.
El alcalde de Colchane, Javier García, lamentó la crisis humanitaria que se evidencia en plazas y alrededores de su comuna de mil 700 habitantes, que son de origen aimara. A sus problemas de desabastecimiento e infraestructura se ha sumado el ingreso irregular de venezolanos, quienes por necesidad, incluso, toman de refugio las viviendas de los habitantes.
Aproximadamente 500 ingresos diarios se han registrado en la última semana, llegando el último martes a un peak de mil 500 personas. Debido a la falta de infraestructura, un tercio de ellos fue trasladado en buses hasta Iquique.
Si bien en el norte existe ayuda humanitaria de algunas organizaciones internacionales, “estas son muy puntuales y bastante insuficientes”, contó la activista Loredo.
Política selectiva y criminalización
Esto es consecuencia, según el profesor de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile, Luis Eduardo Thayer, por un lado, de la crisis que sigue atravesando Venezuela, cuyo gobierno ha empujado a que casi cinco millones de personas abandonen su país. Y, por otro lado, a que en el caso particular de Chile, se está llevando adelante una política de frontera que tiene como componentes restricciones y normas muy selectivas por nacionalidad.
“En los últimos tres años han ingresado clandestinamente al país 30 mil personas. De modo que la crisis humanitaria y migratoria no es nueva. Los inmigrantes irregulares no sólo son de Venezuela, sino también de Haití, República Dominicana o Cuba, que tienen restricciones para el ingreso a territorio chileno y deben pedir un visado en sus países de origen, algo que, por ejemplo, para los venezolanos es imposible de obtener”, aseguró Thayer en entrevista con DW.
Además, una vez que estas personas ingresan al país, existiría un discurso, por parte de las autoridades, para criminalizar la inmigración y, especialmente, la inmigración irregular: “Los inmigrantes que ingresan de forma irregular, en su mayoría venezolanos, son tratados como delincuentes. Pero el Gobierno es responsable, en gran medida, del ingreso clandestino de estas personas”, remarcó el profesor Thayer.
Por su parte, la activista Loredo recordó también que “cuando se establece un flujo migratorio de este tipo, sobre todo en el contexto de crisis humanitaria, lo único que se logra es violentar más a los inmigrantes y ponerlos en manos de las redes de trata y tráfico de personas, haciendo crecer la espiral de la violencia”.
No son “un bulto”
En los medios trascendió que las autoridades estarían planeando instalar dos campamentos para inmigrantes cerca de Colchane y del aeropuerto de Iquique, pero este último sería utilizado, precisamente, para posibilitar futuros vuelos que lleven de regreso a las personas indocumentadas a Venezuela.
Ante esa posibilidad, Thayer se mostró en contra y dice que “Chile no debe olvidar que es parte de la Declaración de Cartagena, que protege a los refugiados. Aquí estamos viendo una crisis humanitaria que requiere una respuesta humanitaria. No se puede tratar a los inmigrantes como si fueran un bulto que se puede ir moviendo de un país a otro”. Asimismo, recordó que Chile vivió una historia de exilio durante los años 70 y miles de chilenos fueron recibidos, entre otros países, por Venezuela.
Alentados por el propio Piñera
Para la representante del Colectivo sin Fronteras también es importante no olvidar que el flujo migratorio actual fue alentado, no hace muchos años atrás, por el propio presidente Piñera: “En Cúcuta aseguraba públicamente que iba a acoger a inmigrantes venezolanos. También publicitaba la visa de ‘responsabilidad democrática’, que en realidad no ha tenido un efecto para canalizar la inmigración y el resultado es el intento de los inmigrantes por ingresar irregularmente”.
Ambos expertos consultados por DW coincidieron en una respuesta más integral para dar solución a la crisis migratoria: “Se necesita una fuerte política de relaciones exteriores que convoque a los distintos países de la región, unificada con esfuerzos de organismos internacionales y con la ayuda de la sociedad”, enfatizó Loredo.
El país ha experimentado en los últimos años un rápido crecimiento migratorio. En la actualidad, en territorio nacional viven 1,4 millones de extranjeros, lo que equivale a más del 7% de la población. De ellos, 500 mil son venezolanos, que se han convertido en la colonia extranjera más numerosa en el país.
