Un exconcejal de Chillán y un exseremi de Ñuble recibieron pagos por más de 25 millones de pesos en "asesorías" que no pudieron ser comprobadas. A uno de ellos se le vio en una inauguración que tuvo lugar en la misma comuna donde pretende lanzar su candidatura a alcalde. Los detalles los revela en exclusiva BioBioChile.
La Contraloría detectó el pago irregular de más de $25 millones de la Gobernación de Diguillín (región de Ñuble) a dos funcionarios, acusados de “prestar servicios con fines políticos”.
Precisamente, las pesquisas del organismo de control comenzaron tras recibir la denuncia de dos recurrentes, cuyas identidades no fueron reveladas. En ella, se apunta a Rodrigo Sandoval Terán y Renán Cabezas Arroyo -ambas figuras ligadas a la política local- por recibir “el pago de sus honorarios sin cumplir las funciones para las que fueron contratados”.
Según detectó el ente contralor, Cabezas Arroyo, quien fungió como seremi de Gobierno de Ñuble hasta el 24 de octubre de 2019, percibió una suma que supera los $18 millones por asesorías que debían ser prestadas entre el 15 de noviembre de ese mismo año y el 31 de diciembre de 2020.
Igual situación se verificó respecto de Sandoval Terán, exconcejal de Chillán, quien fue contratado a honorarios a suma alzada, también para la prestación de una asesoría en la misma repartición pública, por más de $7,2 millones, entre 15 de marzo y el 31 de diciembre de este año.
¿Y los respaldos?
En ambos casos, la Contraloría estableció que no existen los respaldos legales para el pago de las millonarias sumas, al verificarse la omisión del registro de asistencia, algo que era exigido en el convenio de honorarios pactado entre ambas partes.
“Consultada al efecto, la jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Diguillín, señaló que no existe un mecanismo de control de asistencia para ambos prestadores de servicios”, consigna el documento del organismo. Puesto en simple, nadie fiscalizó la concurrencia de ambos a su trabajo.
Pero eso no es todo. También se determinó que en la situación de Cabezas Arroyo, los antecedentes aportados por la Gobernación Provincial, no pudieron ser cotejados con las labores detalladas en los informes de actividades, pues “correspondían a archivos en formato Word que no indicaban el periodo o a qué actividad específica del informe pertenecían“.
Además de eso, la Gobernación proporcionó un archivo con registros de conversaciones a través WhatsApp, con el que se pretendía acreditar ciertas actividades prestadas por los funcionarios contratados. Ambas fueron desechadas.
Una situación similar es la de Sandoval Terán, pues en los informes de actividades presentados se observó que éstos “se limitan a enumerar labores genéricas y poco precisas”, sin que se haga referencia a una descripción específica de las funciones desempeñadas y las fechas en que esas tareas habrían sido ejecutadas, “situación que se repite mes a mes”.
“Lo expuesto implica que, en ambos casos, los pagos efectuados carecen del atributo de acreditación, y de la documentación de respaldo que permita validar la efectiva ejecución de los servicios”, consigna el escrito de la Contraloría.
Como dato aparte queda que el organismo de control relevó que el informe de actividades correspondiente a mayo de 2020, presenta una inconsistencia en la firma de Cabezas Arroyo en comparación a las consignadas en otros periodos.
En buenas cuentas, en dicho documento se aprecia una firma totalmente diferente a la de los meses anteriores.
La inauguración, la foto
Dentro de la denuncia presentada ante la Contraloría, se apunta a Renán Cabezas Arroyo como eventual candidato a alcalde de El Carmen (provincia de Diguillín), situación que cobró relevancia en las pesquisas del ente fiscalizador.
Precisamente, el exseremi fue visto el 8 de junio de este año en el inicio del recorrido de un bus que une el sector rural de San Isidro con El Carmen, en circunstancias que la mencionada actividad no se encontraba incorporada en el informe entregado por el asesor y pese a que la inauguración tampoco es concordante con el objetivo para el que fue contratado.
El hecho quedó registrado en una foto subida por la propia Gobernación a sus redes sociales.
“Esta situación no fue objetada por la jefatura del respectivo prestador de servicios, toda vez, que autorizó sin observaciones sus informes de actividades, responsabilidad que, para efectos de sus convenios, recae en el Gobernador Provincial de Diguillín”, cuestionó la Contraloría.
La respuesta
Según concluye el organismo de control, la Gobernación no veló “por el fiel cumplimiento” de lo estipulado en los convenio de honorarios de ambos funcionarios, “lo que infringe la normativa y jurisprudencia”.
Por ello, exigió a la repartición gubernamental que en 30 días hábiles informe “las medidas que adopte con el objeto de aclarar y/o regularizar las falencias expuestas”, además de iniciar el proceso correspondiente, “el que deberá considerar el traslado de lo observado a los señores Renán Cabezas Arroyo y Rodrigo Sandoval Terán y, si procede, efectuar la solicitud de reintegro de los montos pagados por $18.093.333 y $7.253.050, respectivamente.
Consultada, desde la Gobernación de Diguillín indicaron que “tras recibir el informe la semana pasada, los funcionarios responderán los puntos que a ellos se refiere según los plazos estipulados, así como los que requieran ser subsanados por parte de la Gobernación, cumpliendo con la normativa que Contraloría indica”.
