Siguen apareciendo nuevos antecedentes en torno al caso de las luces LED, donde la justicia investiga los eventuales delitos de corrupción en la licitación de luminarias que los municipios de Iquique y Chillán adjudicaron a la empresa Itelecom en 2018 por 10.449 millones de pesos.
En medio de la investigación que lideran las Fiscalías de Tarapacá y Ñuble, el pasado martes 3 de noviembre se desarrolló una audiencia de incompetencia en el Juzgado de Garantía de Chillán, en la que Fiscalía solicitó al tribunal chillanejo declararse incompetente de revisar la causa LED, evacuando los antecedentes de la investigación al Juzgado de Garantía de San Carlos. Este, el pasado 14 de octubre, también se declaró incompetente.
En la práctica, el motivo de estas audiencias es para discutir respecto a cuál será el tribunal que conocerá los antecedentes de la investigación, en función de la zona en que fueron cometidos los delitos, conocido como principio de ejecución.
A la solicitud de la Fiscalía, los querellantes y la defensa argumentaron que los antecedentes deben ser conocidos o por el Juzgado de Garantía de San Carlos, Juzgado de Garantía de Talca o el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Para esto, tuvieron 5 minutos para darle peso a su exposición.
Fue en este punto donde se conoció un hecho, hasta ahora, desconocido: León Marcelo Lefort, gerente general de Itelecom, reconoció que Marcelo Campos Henríquez, exasesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, y además juez de policía local de la comuna de Pemuco, aceptó una retribución económica a cambio de favorecer a la empresa en la licitación del cambio de alumbrado público a tecnología LED.
“El propio León Lefort en declaración suscrita por este dirigida a la fiscal del Ministerio Público, afirmó que el primer semestre del año 2018 con el imputado Marcelo Campos se reunieron en las oficinas de Itelecom, en una de aquellas reuniones decidió abordarlo directamente para que los ayudara con las bases de licitación, proponiéndole que trabajara con ellos ofreciéndole una retribución económica de $6.000 por luminaria, la cual aceptó”, dice el documento al que accedió Bío Bío.
Vea el documento:
Oídos los argumentos de los intervinientes en la causa, el juez titular del tribunal de la capital de la región de Ñuble, Manuel Vilchez Meza, no aceptó la competencia “declinada” por el Juzgado de Garantía de San Carlos -el de origen- y trabó la contienda de competencia. O sea, también se inhabilitó. De esta forma, decidió enviar esta discusión a la Corte de Apelaciones de Chillán, con el fin de que resuelva el asunto.
La historia
El caso Itelecom salió a la luz pública el pasado miércoles 6 de mayo cuando, de forma casi simultánea, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por órdenes de las Fiscalías de Tarapacá y Ñuble, allanaron las municipalidades del norte y sur del país.
Aquella jornada, en Chillán, fue detenido el entonces administrador municipal, Ricardo Vallejos Palacios, y el exasesor jurídico de la comuna, Marcelo Campos Henríquez, quien, además, ocupa el cargo de Juez de Policía Local en la comuna de Pemuco. A estos, se sumó un tercero: el empresario León Marcelo Lefort, gerente general de Itelecom.
Tres días más tarde, los tres fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de San Carlos: Vallejos, por el delito de cohecho; Campos, por cohecho y violación de secreto; y Lefort, por soborno. Todos quedaron en prisión preventiva.
En el norte, la fiscalía le imputó cargos a 15 personas: cuatro concejales, dos funcionarios municipales, a León Marcelo Lefort y al subgerente de Itelecom, Pedro Guerra Guerrero, a tres representantes de la empresa Elec y a un intermediario entre las empresas. También se sumaron otros dos particulares que eran los mediadores a nivel regional y a un abogado municipal.
Lefort se encuentra querellado tanto en Iquique, como en Chillán.
Sumado a lo anterior, la Fiscalía abrió una arista por lavado de activos, por lo que se decretó que ambas causas fueran declaradas secretas por la justicia. Por este motivo, la defensa de Ricardo Vallejos Palacios envió un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional (TC) por el excesivo uso de la reserva en la investigación.
Ante la solicitud, el TC recibió un informe con una serie de antecedentes reservados de la investigación enviados por el Juzgado de Garantía de Chillán, información que quedó depositada en la web del organismo que vela por la constitucionalidad de las leyes, de acceso público. El documento fue retirado de la página a los días siguientes.
De esta forma, Radio Bío Bío publicó parte del informe donde se detallan diálogos entre los imputados en la capital de Ñuble, obtenidos a través de interceptaciones telefónicas. En uno de ellos, del 27 de abril de 2020, entre Marcelo Campos Henríquez y León Marcelo Lefort, Campos le dijo que “le estaban preguntando por el pago, refiriéndose a Ricardo Vallejos”.
En ese mismo informe, además, se detalla el modus operandi de Itelecom. “La empresa Itelecom es dirigida por su gerente general, representante legal y socio León Marcelo Lefort Hernández, cumpliendo un rol relevante en las tratativas ilícitas junto con el sub gerente de la empresa Pedro Cesar Guerra Guerrero. Ambos coordinan la mayor parte de las actividades con el operador local respectivo”, dice el texto enviado al TC. En el caso de Chillán, el “operador local” fue Marcelo Campos Henríquez, dice el texto.
