La controversia por el traslado de un sicario desde la cárcel de alta seguridad de Rancagua hasta Punta Arenas no cesa. En medio de los cuestionamientos, el diputado Alejandro Riquelme (REP) llamó a aprobar el proyecto que busca devolver a Gendarmería el control técnico de estos procedimientos.
La polémica se centra en el ciudadano ecuatoriano Ronald Quiñones Quinteros, vinculado a la banda denominada “Sicarios del Gran Concepción”, quien fue trasladado recientemente hasta el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, luego de que la medida fuera solicitada por su defensa.
Cabe destacar que Quiñones se encuentra imputado por delitos de homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. El traslado se concretó pese a que Gendarmería había advertido que el recinto penitenciario al que fue derivado no cuenta con dependencias de máxima seguridad.
La situación encendió las alarmas en Magallanes, donde surgieron cuestionamientos respecto de los criterios utilizados para determinar el destino de internos considerados de alta peligrosidad.
En ese contexto, el diputado republicano Alejandro Riquelme pidió devolver a Gendarmería el control técnico de los traslados.
“Esta decisión judicial ha desatado una polémica totalmente fundada, porque pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, la de los gendarmes y la de todos los chilenos. Cuando la justicia hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos, favoreciendo que las cárceles sigan siendo escuelas del delito”, dijo.
A ello, agregó: “Un criminal de este perfil no puede venir a Magallanes, debería ser trasladado a la cárcel de alta seguridad en Talca, que sí está equipada para recibirlo”.
“No podemos permitir que los traslados queden bajo el arbitrio de los jueces…”
En medio de la controversia, recalcó la necesidad de dar un giro radical a cómo se administran las prisiones mediante el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo.
Dicha iniciativa busca quitar a los magistrados la facultad de decidir estos traslados para entregar la potestad exclusiva a las evaluaciones de los organismos técnicos.
“No podemos permitir que los traslados de delincuentes queden bajo el arbitrio de los jueces. Estas decisiones se deben tomar bajo criterios estrictamente técnicos de Gendarmería, quienes son los que arriesgan la vida en los penales”, argumentó.
“Esta crisis demuestra que el sistema actual está fallando. Aprobar esta ley es una urgencia nacional para recuperar el control carcelario”, culminó el diputado republicano.
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