El imputado se presentó como un contador y le ofreció un negocio al afectado, financiar el abastecimiento de insumos médicos a los hospitales de Punta Arenas y Puerto Montt. A cambio recibiría el 27% de las utilidades. Finalmente, esto no se concretó y el sujeto estafó a la víctima en más de 80 millones de pesos.
Un supuesto vendedor de insumos médicos fue formalizado por estafa de 85.983.000 millones de pesos, donde habría recibido el dinero para un negocio con hospitales que jamás se realizó.
Con esto, Juan Soto Mancilla suma un nuevo cargo por estafa, puesto que ya habría defraudado a cuatro magallánicos por más de 260 millones de pesos.
Se discutió su envío a la cárcel, pero finalmente el tribunal le impuso el arraigo nacional. Los hechos de esta nueva arista se habrían iniciado el 29 de marzo de 2019.
“Se presentaba como proveedor habitual”
El imputado se presentó como un contador y le ofreció un negocio al afectado, financiar el abastecimiento de insumos médicos a los hospitales de Punta Arenas y Puerto Montt. A cambio recibiría el 27% de las utilidades.
“El imputado daba seguridades dado su manejo y conocimiento del negocio, pues se presentaba como proveedor habitual de insumos de los recintos hospitalarios”, explicó el fiscal Manuel Soto Basauren.
Seducido por la oferta, la víctima le entregó 4.5 millones iniciales. Durante el año entregó más dinero y en febrero del 2020 debía recibir lo invertido, pero jamás le pagaron.
El imputado le habría respondido con evasivas y respuestas vagas, como supuestas negociaciones con funcionarios médicos. Ambos concurrieron a una notaría para que se acreditase la deuda y fijaron el pago para agosto del 2020, pero nuevamente la víctima fue engañada.
Mismo mecanismo, diferentes víctimas
El representante de las víctimas, Ramón Ibáñez, abogó por la prisión preventiva, argumentando que el imputado está a la espera de un juicio oral por defraudar a otras tres víctimas a través de un mecanismo idéntico.
“Se hacía pasar por un proveedor de Mercado Público, les hacía negocios a las víctimas en calidad de contador y obtuvo cifras que superan los 200 millones de pesos, estafando incluso a una familia que perdió su hogar”, dijo el abogado Ibáñez.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso el arraigo nacional.
“Se trata de un delito de carácter patrimonial. Si bien la medida cautelar puede ser justificada en ocasiones, en este caso no es suficientemente intensa como para considerar que la prisión preventiva es indispensable”, dijo el juez Cristián Armijo.
Por acuerdo de las partes, el plazo de la investigación se fijó en 90 días.
