El interno murió luego de ser apuñalado por otro reo al interior de la cárcel de Valdivia. Previamente, había pedido un traslado de cárcel porque ya había sido agredido. Gendarmería se había comprometido a vigilarlo, medidas que acusa el abogado, nunca se cumplieron.

Un interno que murió apuñalado en la cárcel de Valdivia debía estar bajo el resguardo de Gendarmería, por lo mismo, la familia analiza demandar al Estado.

El hombre fue apuñalado en el módulo 43 y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Pero esta no era la primera vez, porque el año pasado también había sido agredido. Esa vez, pidieron su traslado hasta la región del Bío Bío o a La Serena, donde tiene familia, derivación que nunca llegó.

Incluso, en el marco de una presentación de un recurso de amparo en la Corte de Valdivia para tales fines, que finalmente rechazó la justicia, Gendarmería había comprometido hace unos meses medidas de seguridad tendientes a garantizar la integridad física, síquica y de salud del interno.

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El abogado que representa a la familia, Christopher Montecinos, informó que acompañó lo anterior con un escrito del mismo ente penitenciario.

Los compromisos consistían en rondas continuas al interior del patio y comedor del módulo, monitoreo por cámaras de seguridad respecto a sus desplazamientos o brindar hora de patio diferenciado con el resto de los internos, de ser necesario.

Al abogado afirmó que ante estas consecuencias y que una persona portara un cuchillo al interior del módulo, sumado a la posible ausencia de medidas que terminaron con la vida de su representado, analizan iniciar una demanda contra el Estado.

Según el profesional, el interno que cumplía una pena por un delito de robo en lugar habitado, había participado en cursos y talleres. Esperaba en 2025 reinsertarse socialmente.

Mientras que el crimen es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI por orden de la fiscalía, Gendarmería informó que tras la agresión actuaron de acuerdo a sus protocolos. Además, que están adoptando todas las acciones administrativas para dilucidar los hechos y establecer si pudieran existir responsabilidades administrativas del personal del servicio.