La incautación por primera vez en el sur del país de la peligrosa droga conocida como “cera” o “fentanilo chileno” en Osorno generó diversas reacciones entre autoridades y el mundo político, quienes coincidieron en la gravedad del avance del narcotráfico en la zona, aunque con diferencias respecto a las causas y las medidas para enfrentarlo.
El operativo, que dejó siete detenidos y reveló además que un bebé de un año tenía droga en su organismo, abrió un debate sobre seguridad, migración irregular y la necesidad de reforzar la persecución de estas redes criminales.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Osorno, en coordinación con la Fiscalía Local, en el marco de una investigación iniciada en febrero de 2026 contra una banda transnacional dedicada al tráfico de drogas en un campamento de Rahue Alto.
Fentanilo chileno en Osorno: PDI advierte presencia de estructura transnacional
La detección de esta sustancia en el sur del país es resultado de “un trabajo sostenido de equipos especializados en la persecución del narcotráfico”, según indicaron desde la Policía de Investigaciones.
La investigación permitió ubicar focos de operación en el campamento Folilche y en la población Quinto Centenario, donde se realizaban labores de almacenamiento y comercialización de drogas.
En el operativo fueron detenidos siete ciudadanos venezolanos, y además se detectó la presencia de dos menores de edad. Uno de ellos, de apenas un año, presentaba vestigios de droga en su organismo, lo que activó protocolos de resguardo sanitario.
El prefecto de la PDI en Osorno, Paulo Moncada, sostuvo que el procedimiento responde a un trabajo permanente de investigación para detectar redes de narcotráfico en la zona.
Según detalló, las diligencias permitieron además concretar diversas incautaciones durante los allanamientos, en el marco de una estrategia orientada a desarticular estas estructuras criminales.
Autoridades locales reconocen gravedad del fenómeno
Desde el municipio, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, reconoció que el narcotráfico en la comuna representa un problema grave, aunque destacó el trabajo realizado por las policías y la fiscalía.
En ese sentido, afirmó que los resultados del operativo dan cuenta de una labor investigativa que permite detectar este tipo de delitos y avanzar en su persecución.
Asimismo, sostuvo que es necesario recuperar los espacios públicos para la comunidad, evitando que sean ocupados por la delincuencia.
La autoridad comunal agregó que el impacto del narcotráfico no solo se refleja en delitos graves, sino también en incivilidades que afectan la convivencia cotidiana, por lo que llamó a actuar con decisión frente a este fenómeno.
Debate político tras el operativo
El caso también generó reacciones en el mundo político.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, sostuvo que el narcotráfico se ha instalado en la comuna al amparo de la inmigración irregular.
En contraste, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, cuestionó la gestión del Gobierno en materia de seguridad, acusando incumplimientos en las acciones comprometidas para enfrentar el crimen organizado.
El parlamentario llamó a impulsar medidas urgentes para enfrentar el avance del narcotráfico en la zona.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebhein, valoró los resultados de la investigación y advirtió que estas bandas criminales suelen instalarse en sectores vulnerables, aprovechando las condiciones sociales de esos territorios.
Pese a las diferencias políticas, desde distintos sectores coincidieron en que el avance del narcotráfico en la comuna requiere una respuesta institucional coordinada, junto con reforzar el uso de herramientas como la denuncia anónima al 4242, mecanismo habilitado para entregar información sobre tráfico de drogas.
Prisión preventiva para los imputados
En la audiencia de formalización realizada tras el operativo, el tribunal decretó prisión preventiva para los siete imputados, considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, se fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
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