Karl Chinga | Agencia UNO
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El sujeto fue condenado por los delitos consumados de lesiones, secuestro y violación, todos cometidos en contra de su ex conviviente en Osorno.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno condenó a 20 años de cárcel a un hombre por el delito consumado de secuestro con violación, hechos cometidos en contra de su exconviviente. A esa pena se le sumaron otros 300 días por su responsabilidad en las lesiones provocadas a la misma víctima en contexto de violencia intrafamiliar.
El primer hecho, el delito lesiones ocurrió en junio de 2021, cuando ambos aún eran pareja; mientras que el segundo ocurrió en mayo de 2022.
En un fallo unánime, el tribunal, tras conocer las pruebas periciales, testimonial y documental, estableció que el 15 de junio de 2021, alrededor de las 16:00 horas, la víctima se encontraba en el domicilio de Marcelo Antonio Pérez Pérez, quien en ese entonces era su conviviente, instancia donde se generó una discusión por celos iniciándose una discusión.
El sujeto agredió con golpes de pies y puños en diferentes partes de su cuerpo, para luego tomarla por el cuello para intentar asfixiarla, siendo auxiliada por vecinas.
Secuestró por seis días a exconviviente
Un año más tarde, el 15 de mayo de 2022, cuando ya no eran pareja, la mujer concurrió a la casa del condenado y se quedó en el domicilio. En medio de eso, le revisa el celular y luego la agrede física y sexualmente, situación que repitió por varios días, hasta que el 21 de mayo -6 días más tarde- la mujer logró huir tras un descuido del agresor.
El tribunal condenó además a Pérez a las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, a la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima y la prohibición de acercarse a su grupo familiar, durante el tiempo de la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
