En tiempos donde los hechos que suceden en La Araucanía -ataques incendiarios a propiedades o camiones, entre otros- hacen olvidar que la provincia de Osorno también está en la lista de investigaciones de ilícitos similares, vale recordar que aún no hay resultados concretos para estás investigaciones.
En ese sentido, despiertan algunas preguntas como, ¿qué ha ocurrido con las indagatorias? ¿hay responsables identificados o al menos diligencias que esperen aclarar los hechos?
De acuerdo a las cifras del Ministerio Público, desde 2018 en la zona van 22 causas de violencia rural y de ellas 12 están vigentes, en tanto, seis tienen un carácter de atentado incendiario.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que a la fecha suman 259 atentados, de los cuales el 3% se reportan en la región de Los Lagos y sólo 2 muestran resultados en las investigaciones, ¿la razón? Sitios del suceso alterados y el aprovechamiento de mala cobertura telefónica que facilitan la comisión del delito.
Pero esto no es todo, para el dirigente estos ataques son terroristas y deben ser tratados como tal, con apoyo legislativo pero también con policías preparadas.
La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, dijo que estos casos son caratulados como “violencia rural” y ocurren en toda la Macrozona Sur, y a la hora de investigar, el primer escollo es la falta de flagrancia.
Aseguró que dadas sus características, este tipo de ilícitos no son de fácil, ni de corta investigación.
Ante actos de esta connotación, el Gobierno instauró en noviembre del año pasado la figura de Coordinador de la Macrozona Sur, que -entre otras misiones – tiene que estrechar lazos y apoyar todas las gestiones que recuperen y mantengan el Estado de Derecho.
Pero en la práctica, con o sin esta figura los hechos siguen ocurriendo, y aunque en esta parte de la región de los Lagos la cifra es baja, no por ello deja de ser preocupante.
De hecho Pablo Urquízar, quien actualmente ocupa el cargo, se apresuró a reconocer que se debe mejorar la persecución penal pero asegura que algo se está haciendo, más allá de las 525 querellas presentadas desde el 2019 en contra de quienes resulten responsables de estos actos.
Pero ya sea desde los gremios o sectores que se preocupan cada vez que desconocidos actúan en la zona con este tipo de actos, reclaman la ausencia de autoridades desde el nivel central, ante lo cual el coordinador de la Macrozona Sur, afirma que tal vez las estadística en la región es baja en contraste a otros territorios pero aún así el apoyo existe.
Así las cosas, es de esperar que no deban aparecer nuevos actos de violencia, sean considerados como actos terroristas o violencia rural, para conocer si la institucionalidad está a la altura de entregar la seguridad que la ciudadanía espera dentro de un Estado de Derecho.
Después de todo con lo visto hasta ahora bien vale preguntarse, ¿hay delitos muy bien concretados o malas investigaciones?
