Continúan las reacciones tras el proyecto de ley “antiportonazos”, que recordemos busca que los receptores de móviles sustraídos por dicha modalidad paguen con penas efectivas de cárcel.
El diputado por Osorno Javier Hernández aseguró que el aumento de sanciones penales para quienes sean receptadores de tales bienes también es algo “necesario y oportuno”, toda vez que es complejo acreditar que quien robó el móvil y quien lo conduce sean la misma persona.
De allí la necesidad que ambos arriesguen penas equivalentes, por un hecho violento que ha marcado la pauta nacional en los últimos años.
Las sanciones a las que aspira la iniciativa tienen relación con el pago de 10 a 20 UTM, vale decir entre 450 mil y 900 mil pesos y penas que parten en el presidio mayor en su grado medio, tanto para quien sustrae un vehículo con extremada violencia, como para quien lo recepta.
La norma, dijo Hernández, también aspira al registro nacional y de acceso libre, sobre los vehículos que han sido robados o hurtados de tal forma que el receptador no tenga justificación al minuto de querer desconocer que se trata de un móvil adquirido producto de un ilícito.
