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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra un ex funcionario del Gobierno Regional (GORE), su pareja y suegra por fraude al fisco y lavado de activos. El gobernador René Saffirio, aunque valoró la acción, mencionó que existe una demora en la respuesta del organismo. Los imputados habrían utilizado empresas ficticias para obtener subsidios estatales a través de concursos públicos. Se estima que más de 140 millones de pesos están involucrados en este caso, donde el CDE detalla los hechos que vinculan al ex funcionario, su pareja y suegra en actividades ilícitas.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra un ex funcionario del Gobierno Regional (GORE), su pareja y su suegra por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos. El gobernador, René Saffirio, valoró la acción, aunque -dijo- hay una demora por parte del organismo.

El profesional Roberto Soto, junto a Marlene Inzunza y la madre de esta, Silvana Sepúlveda, fueron formalizados en enero como autores de distintos delitos económicos. En ese momento, el fiscal Raúl Espinoza, explicó que los imputados crearon empresas de papel para adjudicarse empresas de papel para adjudicarse subsidios estatales a través de concursos públicos.

Se trata de recursos que el Gobierno Regional transfirió a la Agencia de Desarrollo y a la Universidad Autónoma para el desarrollo de distintos programas; algunos de estos a cargo del ex funcionario.

El gobernador, René Saffirio, valoró la querella del Consejo de Defensa del Estado, aunque -dijo- es una acción que llega con demora considerando que la formalización se realizó en el mes de enero.

Según la autoridad, en este caso hay más de 140 millones de pesos comprometidos. En tanto, la querella del CDE detalla una serie de hechos que involucran al ex funcionario del GORE, a su pareja y suegra.

En tanto, el gobernador indicó que esta acción abre la puerta para que el organismo continúe presentando acciones legales contra personas o empresarios formalizadas por distintos delitos ante irregularidades en el uso de recursos de la Agencia de Desarrollo Regional.