En la región de La Araucanía, la Contraloría General de la República ordenó a la Universidad de La Frontera (UFRO) reintegrar más de $4.300 millones al fisco por irregularidades en uso de recursos.
Lo anterior, tras detectar una serie de inconsistencias presupuestarias en dicha casa de estudios. Esto, tras auditar los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.
En específico, durante este periodo de tiempo, la UFRO percibió recursos del Estado por más de $27.417 millones. No obstante, al 31 de diciembre del año pasado había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior, quedando por ejecutar más de $5.641 millones a la fecha ya mencionada.
Pese a esto, al revisar las cuentas corrientes habilitadas exclusivamente para el control financiero de los fondos, el ente contralor determinó que se presentaba un saldo de $1.302 millones, constatándose la falta de disponibilidad por más de $4.339 millones.
De esta manera, se ordenó a la universidad a reintegrar dicho monto a Rentas Generales de la Nación, debiendo acreditar los antecedentes correspondientes a la CGR en 30 días hábiles.
Otras observaciones por parte de la Contraloría a la UFRO
Sumado a lo anterior, la Contraloría estableció que entre los meses de junio, noviembre y diciembre de 2023, las rendiciones fueron observadas por la Subsecretaría de Educación ante inconsistencias y falta de antecedentes de los gastos rendidos. Asimismo, se rechazaron otras por evidenciarse un déficit en la conciliación bancaria.
Igualmente, se verificó que, entre septiembre de 2023 a junio de 2024, se efectuaron traspasos de fondos del AIUE por más de $5.650 millones, desde las cuentas corrientes destinadas al control financiero, para financiar remuneraciones del personal, lo que resulta improcedente.
Paralelamente, la Contraloría ordenó reintegrar otro monto por casi $53 millones, vinculados a fondos pendientes de ejecutar respecto de dos proyectos. En detalle, se trata de montos que la universidad no usó, pese a que los plazos de ejecución para tales iniciativas terminaron el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, respectivamente.
Finalmente, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación.
UFRO
Sobre eso, la Universidad de la Frontera dio cuenta de la recepción se señaló que “las situaciones observadas corresponden a procedimientos administrativos irregulares ejecutados en el periodo 2023-2024, ya identificados en auditorías internas de nuestra institución que dieron origen a procesos de denuncia e investigación ante el Ministerio Público”.
“Valoramos esta instancia de control externo como una oportunidad para fortalecer nuestros mecanismos de gestión y transparencia en coherencia con nuestro Plan de Ajuste Financiero, que han sido parte de las conversaciones y trabajo de seguimiento conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior.
Es importante señalar que con independencia de cuál sea la vía de solución, la continuidad de funciones esenciales y el cumplimiento de compromisos institucionales y laborales están fuera de todo riesgo”, agregaron.
Concluyendo “la universidad ha estado generando las acciones necesarias para regularizar la situación aludida y continuará informando con transparencia los avances en esta materia como parte del compromiso de rendición de cuentas ante la sociedad”.
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