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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En La Araucanía, se lleva a cabo la segunda jornada de la audiencia de formalización por lavado de activos en la "Operación Imperio", donde 19 acusados recibieron medidas cautelares menos graves mientras se define el futuro de los líderes de la organización familiar. La Policía y la Fiscalía detuvieron a 41 personas, lideradas por tres hermanos y su padre, con un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos en bienes decomisados, incluyendo vehículos de lujo, joyas y una avioneta. Se solicitará prisión preventiva para los 22 restantes, acusados de estafa, falsificación y lavado de activos.

Este viernes se desarrollará la segunda jornada de la audiencia de formalización de cargos para los acusados de lavado de activos en la región de La Araucanía. Ayer, 19 de los involucrados quedaron con medidas menos gravosas y hoy se definirá la cautelar de los líderes de la organización criminal.

La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvieron a 41 personas por el delito de lavado de activos en la llamada “Operación Imperio“. La estructura criminal, liderada por tres hermanos y su padre, tenía un patrimonio avaluado en más de 3 mil millones de pesos en bienes. En la diligencia se incautaron vehículos de alta gama, joyas, principalmente relojes; lanchas e incluso una avioneta.

En la primera jornada de la audiencia, el juez de Garantía, Mauricio Torres, dejó con medidas cautelares de menor intensidad a 19 de los detenidos, correspondientes a arresto domiciliario parcial o total. De acuerdo a lo precisado por la Fiscalía, varios de ellos ya prestaron declaración.

Pedirán prisión preventiva para hermanos que lideraban agrupación

Posterior a eso se hizo un receso hasta las 9:00 horas de este viernes, donde se definirán las cautelares de los 22 imputados restantes. El fiscal Enrique Vásquez confirmó que pedirán la prisión preventiva para este grupo de acusados; entre ellos están los tres hermanos que lideran la agrupación, el padre de los mismos y el funcionario del Tribunal Oral en lo Penal.

El trabajador del Poder Judicial ejercía el rol de asesor jurídico de la banda y además facilitó su identidad para registrar un helicóptero.

La “Operación Imperio” comenzó en octubre de 2024, tras diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, donde se logró establecer el funcionamiento de una organización criminal familiar, de estructura piramidal, que contaba con líderes, brazos operativos y testaferros.

A la organización le imputan los delitos de estafa reiterada, falsificación de instrumento público y de instrumento privado, obtención fraudulenta de créditos bancarios, usurpación de identidad, entre otros. El fiscal Vásquez dijo que esos ilícitos le permitieron a la banda generar importantes ingresos económicos; por eso, a varios de ellos se les sumó el delito de lavado de activos.

Durante la mañana llegó hasta La Araucanía el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien, junto con destacar el trabajo de los fiscales y policías, recalcó que este es uno de los golpes más importantes que ha dado la PDI en materia de lavado de dinero en los últimos años en el país.

Presunto líder asegura que puede justificar sus bienes

En tanto, el defensor penal particular, abogado Dionisio Ulloa Berrocal, quien representa al sindicado como cabecilla de la organización, dijo que su cliente le manifestó que tiene cómo justificar la compra de una avioneta y también de helicópteros.

Estas personas estaban dedicadas a cometer diversos delitos de carácter patrimonial, principalmente realizando acciones como la bancarización de personas a través de la falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, obteniendo créditos y la creación de empresas ficticias, además de la compra y venta de vehículos.

Los operativos policiales por este caso se realizaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, lugares donde, además de las detenciones, se incautaron diversas especies como propiedades, vehículos y artículos electrónicos de alta gama; documentación y elementos asociados a la comisión de estos delitos; y dinero en efectivo, entre otros.

El juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para desarrollar esta investigación.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)