Los "Plata Fácil": los hermanos detrás del megafraude que permitió amasar fortuna de $3 mil millones

Matías, Nelson y Cristian Martínez Addison-Smith. Esos son los nombres que —de acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía Regional de La Araucanía— están detrás del megafraude financiero destapado este jueves en Temuco.

Se trata de tres hermanos —conocidos como “Los Plata Fácil”— que cayeron en un masivo operativo que dejó a 41 personas detenidas. Entre ellos, un funcionario del Poder Judicial quien —pese a su cargo público— ejercía como el “asesor jurídico” de la banda, además de facilitar su identidad para registrar hasta un helicóptero.

De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, a los Martínez se les acusa de montar un entramado que les permitió defraudar a instituciones financieras y erigir un imperio económico que se empina por sobre los 3 mil millones de pesos. En el procedimiento de esta jornada se incautaron automóviles de lujo e incluso una avioneta.

El Ministerio Público los sindica como los responsables de falsear documentos para luego presentarlos ante instituciones financieras quienes otorgaron créditos para “palos blancos”, los que nunca fueron pagados. La indagatoria sostiene que estafaron con automóviles, usurparon identidades y crearon empresas de papel para obtener jugosos botines.

Emprendimiento familiar

Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, la organización estaba altamente estructurada. Por ejemplo, Matías era el líder y uno de los planificadores. Era el encargado de idear los métodos para concretar el fraude: impartía instrucciones, seleccionaba los testaferros y distribuía los ingresos obtenidos por la asociación.

En un escalón más abajo aparecían Nelson y Cristián, además del padre de los tres hermanos, quienes están acusados de falsificar sus antecedentes personales y crear las empresas fantasmas para triangular los dineros defraudados.

De acuerdo a la indagatoria, los ilícitos se remontan a 2017, cuando el grupo comenzó a operar en el rubro de la compra y exportación de automóviles. En simple, Matías consiguió junto a otros miembros de la banda engañar a las empresas MAF y Tanner, mediante la presentación de documentación falsa, para conseguir créditos automotrices y así hacerse de costosos vehículos.

La idea era justamente venderlos a clientes extranjeros, a través de la sociedad D&J Servicios de Iquique, perteneciente a Jorge Narbona Lance, otro de los imputados. Esos créditos, al ser solicitados con información que no era real, nunca fueron pagados.

En total, ese mecanismo les permitió hacerse de al menos siete Toyota 4Runners, en Concepción, Vitacura, La Serena, San Bernardo, Las Condes y La Florida.

Créditos con información falsa

De manera paralela, los engaños de Matías y otros imputados se extendieron a créditos bancarios. El modus operandi era básicamente el mismo: presentar información falsa para obtener dineros que nunca devolvieron. Aparentaron una situación económica ficticia que respaldaron mediante la falsificación de su información personal y de terceros.

Utilizaron títulos universitarios fraudulentos, contratos de trabajo, boletas de honorarios y hasta declaraciones de impuestos irreales. Se hicieron pasar por ingenieros, dentistas y más.

Si bien los montos totales no están claros, lo que se sabe a ciencia cierta es que a través de este mecanismo, los imputados lograron conseguir tarjetas de crédito y débito que luego usaron no sólo en Chile.

También durante los viajes que se dieron en el extranjero: Estados Unidos, Brasil y Argentina figuran entre los destinos donde efectuaron giros, compras y transacciones.

Diversificación

En 2022, a los hermanos se les ocurrió otra idea. Crearon compañías de papel, mediante la plataforma “Tu empresa en un día”, iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y —a través de éstas— contrataron máquinas de pago Getnet. O sea, terminales de punto de venta (POS), según su nombre técnico.

Así, utilizaron esas sociedades para simular operaciones de compraventa con tarjetas de crédito y débito, facilitadas por miembros de la organización o terceros relacionados, para que Getnet abonara en la cuenta de las empresas los montos correspondientes a cada transacción.

De este modo, al momento de retirar esos dineros, anularon todas las transacciones simuladas para obtener la devolución de los dineros en las tarjetas utilizadas.

Para cuando Getnet se dio cuenta e intentó conseguir el reintegro de los fondos devueltos, las empresas controladas por los imputados simplemente no respondieron y dejaron de operar.

Sólo a través de este mecanismo, se hicieron casi de 170 millones de pesos.

Perfeccionamiento

Para 2024, el mecanismo ya estaba mucho más aceitado. Los hermanos —según la indagatoria— consiguieron falsificar cédulas para usurpar la identidad de propietarios y supuestos compradores de vehículos. De esta forma, lograron simular una serie de contratos de compraventa que fueron validados ante notarios públicos.

Así, mediante este modus operandi, lograron que empresas dedicadas a financiar la adquisición de vehículos transfirieran millonarios montos a las cuentas bancarias de automotoras, que eran utilizadas como intermediarias.

Y es que, precisamente, eran las automotoras las que gestionaban que firmas como Santander Consumer o Financiera Global le otorgaran los respectivos créditos automotrices a los supuestos clientes compradores de los vehículos, que en realidad eran personas que estaban suplantando identidades.

Ocurrió, por ejemplo, el 27 de septiembre de 2024. Ese día Brian Alberto Alegría Punoy se hizo pasar por una persona de iniciales P.M.V.A. y suscribió un contrato como comprador de un BMW X3 por $54 millones. Un segundo miembro de la organización llamado Marcial Rivadeneira Caro usurpó la identidad del dueño real del automóvil, un hombre de iniciales R.A.R.C.

En este contexto, utilizando como cebo a la Automotora Inversiones Soil Motors SpA, gestionaron un crédito a nombre del supuesto comprador (P.M.V.A) por $20 millones de pesos que fueron transferidos a la cuenta bancaria de la empresa de compraventa de vehículos. Posteriormente, retiraban el dinero mediante cheques nominativos u otros métodos.

Así lograban apropiarse del dinero transferido por concepto de crédito automotriz, generándose una deuda que naturalmente el supuesto comprador se iba a negar a pagar.

El funcionario del ilícito

Entre los imputados está el abogado Rodrigo Chávez Castro, quien se desempeña como auxiliar en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

El funcionario juró como abogado ante la Corte de Apelaciones local en 2021 y por sus labores fiscales obtiene un sueldo bruto de $1.600.000 mensualmente, de acuerdo al Poder Judicial.

Sin embargo, pese que su rol público lo inhabilita para ejercer de forma privada, de acuerdo a fiscalía estuvo prestando servicios de asesor para la organización criminal y facilitó su nombre para registrar vehículos, aeronaves e inmuebles a su nombre o de las sociedades que le pertenecen.

Se trata de un método para ocultar el patrimonio que el grupo usó reiteradamente, traspasando los bienes más importantes una y otra vez entre ellos.

Buena vida

Los imputados compraron bienes de lujo que incluyeron helicópteros, avionetas y vehículos de alta gama.

De acuerdo a los antecedentes, Matías Martínez importó en 2019 un helicóptero marca Robinson modelo R44II, por $240 millones. La aeronave fue transferida posteriormente desde Aeromatt SpA, firma a su nombre, pasando por Doble M SpA, de Nelson Martínez, hasta llegar a Genco SpA, de Rodrigo Chávez Castro.

De igual forma, Matías Martínez compró una avioneta CESSNA modelo 210B, la que adquirió por 87 mil dólares ($68 millones a precio actual), según la acusación, y otra marca Piper por $20 millones.

No constan, en cambio, los valores de dos lanchas adquiridas por el mismo cabecilla, entre noviembre de 2024 y diciembre del mismo año. De acuerdo a la indagatoria, se trató de una embarcación de 2007, que fue importada por otro de los miembros de la asociación, pero que Martínez pagó para usarla en lago Rapel. La segunda lancha, una Yamaha de color negro, fue adquirida directamente en esa comuna.

50 automóviles

Por si fuera poco, compraron alrededor de 50 autos y camionetas. El más caro, un vehículo todo terreno Mercedes G500, adquirido a través de Exportaciones F&M Company SpA, de Nelson Martínez, por $140 millones.

En segundo lugar, en tanto, aparece una camioneta Ford F-150 Raptor, adquirida por Aero Regional SpA, propiedad de Rodrigo Chávez Castro, por $85 millones, pero que según los cargos utilizaba Matías Martínez. Entre lo incautado, la Policía de Investigaciones también listó un McLaren 570s, que tiene un valor de entre $150 y $350 millones, aunque no se ha especificado su origen.

Además, el mismo Martínez recibió $339 millones en criptomonedas, de parte de otro de los involucrados, como una forma de intentar ocultar lo obtenido.

En cuanto a inmuebles, el líder construyó en un terreno propiedad de su pareja en Padre Las Casas. Se trata de una casa de amplias magnitudes, con una piscina y un centro de eventos de más de 130 metros cuadrados.

Por otro lado, aparece asociada la expareja de Nelson. De acuerdo a los antecedentes, luego de ser detenida el martes contactó a una persona para que concurriese a su domicilio para retirar una bolsa con joyas y otras especies de alto valor. Sin embargo, estas fueron halladas enterradas en su patio por la policía.

“Cuando se desarrollan investigaciones de esta naturaleza estamos privilegiando seguir la ruta del dinero, ir por los bienes, no sólo ir por las personas”, comentó al respecto el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien aseguró que se trata del procedimiento relacionado a delitos económicos más grande que se ha desarrollado en la región.

En la misma línea, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó que “existe la capacidad técnica y humana de desbaratar este tipo de asociaciones delictuales”.

“Vamos a seguir trabajando en esta línea porque es una de las prioridades de la región la persecución de los delitos de corrupción, y esto es una forma de ello”, agregó.

Tras la detención, se inició la audiencia de control y formalización este jueves, en la que se comunicarán cargos por asociación delictiva, estafa y otras defraudaciones, falsificación y uso malicioso de instrumentos privados y públicos, obtención fraudulenta de créditos bancarios y financieros, usurpación de identidad, uso fraudulento de tarjetas de pagos, delitos tributarios, fraude de seguros, lavado de activos, entre otros delitos.