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Esta tarde se podría lograr un acuerdo en la Comisión Presidencial por La Paz y Entendimiento, instancia que hoy quedará disuelta por decreto.
Comisionados ya asumen su responsabilidad en el caso de no alcanzar un punto en común, reconociendo que la dificultad es lograr la unanimidad de todos sus integrantes.
22 puntos incluye la propuesta de la Comisión Presidencial por La Paz y Entendimiento, instancia que se creó hace casi dos años con el mandato de cuantificar la demanda de tierras y encontrar mecanismos de reparación; entre otros.
Hoy vence el plazo funcionamiento de la instancia, que se prorrogó en dos ocasiones debido a la falta de acuerdo, el cual se debe alcanzar por unanimidad.
La comisionada y senadora, Carmen Gloria Aravena, dijo que a las 14:30 horas se reunirían de forma virtual para analizar los puntos que incluye la propuesta y que todavía no genera un consenso común entre los miembros que van quedando en la instancia.
Otros de los miembros de la instancia, el senador de la DC, Francisco Huenchumilla, señaló que en la vida política no siempre hay acuerdos y que los temas que trata la comisión son difíciles.
Según dijo, han trabajado lejos de las presiones y que si no logran un consenso será absoluta responsabilidad de los integrantes de la Comisión por La Paz y Entendimiento.
Por su parte, el presidente de la Enama, Hugo Alcamán, espera reconocimiento constitucional y que los partidos políticos respeten el resultado de la comisión.
Además, reprochó la actitud del Partido Republicano, que rechazó el documento filtrado con los supuestos acuerdos de la instancia, pero también las presiones que estaría ejerciendo para que la senadora de la colectividad, Carmen Gloria Aravena, no firme las propuestas.
En este sentido, dijo que es importante que todas las tiendas políticas que firmaron el acta de creación de la Comisión respeten el resultado de la instancia, sobre todo porque las colectividades pierden credibilidad.
Uno de los temas más importantes de la comisión es encontrar un mecanismo de restitución de tierras para las comunidades indígenas, ya que al menos 740 comunidades cuentan con la aplicabilidad y están a la espera de que la Conadi responda a sus demandas.
