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En Temuco, el Tribunal Oral en Lo Penal dictó una condena de 15 años de cárcel para Juan Francisco Villalba Vidal, de 56 años, por el homicidio de Hernán Enrique Jara Vidal ocurrido en diciembre de 2021. La víctima fue agredida con golpes de puños, pies y un arma cortopunzante en avenida Balmaceda. Tras dos días en el Hospital Regional de Temuco, este falleció. El tribunal también absolvió a una mujer partícipe de los hechos, y ordenó la toma de muestras biológicas de Villalba Vidal para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados, una vez el fallo sea ejecutoriado.

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Una condena de 15 años de cárcel dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, en contra de un hombre, declarado culpable de un homicidio ocurrido en diciembre de 2021, tras agredir a la víctima con golpes de pie y puños, además de un arma cortopunzante.

En fallo unánime, el tribunal condenó a Juan Francisco Villalba Vidal, de 56 años, a cumplir 15 años de presidio efectivo, además de las accesorias legales, tras declararlo culpable en calidad de autor del homicidio de Hernán Enrique Jara Vidal.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el hecho tuvo lugar la tarde del 4 de diciembre de 2021, cuando ambas personas, además de una mujer, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Sorpresivamente la víctima se habría retirado del lugar con un pack de cervezas y un parlante, siendo seguido por la mujer, quien lo golpeó por la espalda y lo lanzó contra una pared, llegando en ese instante Villalba Vidal, quien también lo golpeó.

El hombre agredido se reincorporó y fue nuevamente golpeado por los agresores, pero en esta ocasión el condenado usó un arma cortopunzante con la que hirió a Hernán Jara en dos oportunidades en el bandejón central de avenida Balmaceda, al llegar a calle Matta. La víctima murió dos días después en el Hospital Regional de Temuco.

Los jueces resolvieron condenar a Villalba Vidal, al tiempo que la mujer partícipe de los hechos fue absuelta.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.