Esta mañana fueron detenidos por el OS-9 de Carabineros los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf por su presunta vinculación en la muerte del sargento primero Francisco Benavides en mayo pasado. Fotografías, declaraciones y pericias, según conocedores de la investigación, habrían sido claves para situar a los comuneros en el lugar donde perdió la vida el funcionario policial. Además, a estos se sumó su padre, Víctor Ancalaf Llaupe, por tenencia ilegal de municiones.
Esta mañana personal del OS-9 de Carabineros detuvo en la comuna de Collipulli a dos sujetos por su presunta participación en el homicidio del sargento primero Francisco Benavides, ocurrido el pasado 24 de mayo, en el KM 9 de la Ruta 35, que une Collipulli con San Andrés.
Se trata de Matías y Heriberto Ancalaf, hijos del werkén Víctor Ancalaf Llaupe, quien también fue detenido por los funcionarios policiales tras la incautación de munición de arma de fuego al interior de su domicilio.
La detención de los miembros del clan Ancalaf se produce en el marco de una investigación que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de La Araucanía, liderada por el fiscal Carlos Bustos, con un equipo del OS-9 de Santiago que trabaja con dedicación exclusiva en esta y otras causas de violencia rural como, por ejemplo, la del cabo Eugenio Naín.
Para comprender los hechos, hay que retroceder el tiempo hasta la jornada donde falleció el sargento Benavides. Aquel día, se registraron una serie de cortes en la Ruta 35 en protesta por la muerte de José Burgos Riquelme, hombre que falleció tras ser impactado por el vehículo de un trabajador del Parque Eólico Malleco, hecho que crispó los ánimos en el lugar.
En los bloqueos participaron una serie de comuneros y vecinos de sectores aledaños a la Ruta 35, así como familiares de Burgos Riquelme. Pero además, se logró identificar en imágenes a Víctor, Matías y Heriberto Ancalaf. Es decir, el líder del clan participó en el corte de caminos.
No obstante, se retiró de la zona para dirigirse a una reunión que se desarrollaría entre la empresa eólica, autoridades locales de Collipulli y familiares del fallecido, hecho que lo libera de la responsabilidad directa de lo que pasó minutos después.
Y lo que vino, mientras Ancalaf Llaupe estaba en aquel encuentro, fue que en el camino en que se desarrollaron las interrupciones, personal policial se trasladó al sitio para realizar el respectivo despeje de los árboles y ramas instaladas los manifestantes.
Cuando el reloj marcaba las 16 horas y fracción, el sargento Francisco Benavides, quien retornaba tras haber realizado la limpieza del camino, fue emboscado por desconocidos en la misma ruta a la altura del KM 9, donde recibió un impacto balístico en su brazo derecho que luego ingresó a su cuerpo, situación que le causó la muerte.
Una de las líneas a investigar claves, según conocedores de esta, fue la hipótesis de que los responsables del crimen habrían participado de forma activa en los cortes acaecidos ese día en diferentes puntos de la Ruta 35.
Bajo ese contexto, el trabajo de análisis de cámaras fue el punto de partida. Fuentes de La Radio señalan que las imágenes entregaron importantes insumos que luego fueron complementados con declaraciones de testigos, pruebas periciales, entre otros, antecedentes que dieron luces de lo sucedido ese 24 de mayo, y que permitieron vincular -presuntamente- a los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf con el crimen del sargento Benavides.
En el sitio del suceso, personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) levantó una serie de evidencias, entre ellas dos vainas calibre 12 y 13 de calibre 9mm. El análisis posterior, concluyó que estas últimas salieron de tres armas de fuego distintas, mientras que la primera solo de un arma.
Además, dicha evidencia balística fue ingresada al sistema Ibis buscando hacer “match” con otros hechos de violencia rural en la zona, la cual arrojó que existe nexo entre dos de las armas de fuego -una calibre 9mm y otra 12- que dieron muerte al sargento Benavides con otros hechos violentos desarrollados en la misma zona de Collipulli.
“Los antecedentes que se han logrado recabar también en esta investigación permiten vincular a estos dos detenidos con otros atentados con armas de fugo en contra de carabineros y a uno de ellos en un delito de abuso sexual que se verificó en el mes de septiembre del año 2021”, dijo el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, una vez confirmada la detención de los hijos del werkén Víctor Ancalaf.
Trabajo reservado
Estos “otros atentados” -según fuentes de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– habrían ocurrido el pasado 24 de enero de 2019 en el Fundo San Agustín, y el 13 de abril y el 20 de octubre de 2019 en el sector del Fundo Agua Buena, donde se encuentra el Parque Eólico. Todos estos hechos serán parte de la acusación que realizará el Ministerio Público.
La caída de Matías y Heriberto Ancalaf fue fruto de un trabajo “reservado” y “minucioso”, en palabras del fiscal regional, que los posicionaría en el lugar desde donde fue abatido el sargento Benavides, motivo por el cual se pidió la detención de ambos. El padre, en tanto, fue detenido por tenencia ilegal de municiones.
Sin embargo, fuentes ligadas a la policía y el Gobierno advierten que dentro de los antecedentes que se manejan, pero que no existen pruebas suficientes ya que está acreditado que no estuvo en el lugar del homicidio, el histórico dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) Víctor Ancalaf, sería quién de forma sistemática habría liderado las operaciones territoriales que hacían los integrantes del llamado “clan”. Por eso, al ingresar a su casa y encontrar las municiones, se optó por la detención y levantó la alerta sobre su presunto rol, más allá de que se acreditó que estaba en otro lugar al momento de la muerte del uniformado.
La fiscalía pidió ampliar la detención de los hermanos hasta este viernes 8 de octubre a las 15 horas, a la cual accedió el tribunal. Para Víctor Ancalaf Llaupe, en tanto, la jueza María Fernanda Lagos Lepe no accedió a lo solicitado por el ente persecutor y fue formalizado. La fiscalía pidió su prisión preventiva, pero hasta el cierre de esta edición dicha medida cautelar aún no era resuelta.
