La Conadi lamentó la decisión de la Controlaría, que descartó un catastro para tierras indígenas en La Araucanía. El director nacional de la entidad, Ignacio Malig, solicitó al ente fiscalizador iniciar una auditoría que permita aclarar el proceso de compra de tierras.

Un nuevo revés se suma al fracaso de la consulta indígena y a la interrupción de los “Diálogos por la Paz”, truncados desde la salida de Alfredo Moreno del Ministerio de Desarrollo Social. Esta vez, fue la negativa del órgano fiscalizador a realizar un catastro de tierras solicitado por el Gobierno.

Argumentando falta de información y medios de contraste para concretar la petición, Contraloría informó que no se realizará el catastro de tierras indígenas, el que buscaba conocer los títulos de merced pendientes y los que fueron entregados a comunidades, desde 1994.

La diligencia, que está dentro de las medidas del Acuerdo por la Paz, es de vital importancia para el Ejecutivo, ya que –según dijo el Presidente Sebastián Piñera- permitiría contar con información exacta para saldar la deuda histórica con el pueblo mapuche.

Después de conocerse el hecho, el contralor general, Jorge Bermúdez, indicó que falta conocer cuántas tierras quedan por entregar, lo que no hace posible un pronunciamiento.

Desde la Conadi, su director nacional, Ignacio Malig, si bien lamentó la resolución del ente fiscalizador, dijo que pidieron una auditoría para esclarecer la información faltante.

Las reacciones llegaron desde el mundo político. La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, acusó incapacidad de la Contraloría e indicó que espera que el catastro se pueda construir pronto.

Por su parte, el diputado de RN, Miguel Mellado, llamó al órgano contralor a no “correrse” de su responsabilidad, asegurando que los datos para el catastro están en el informe de Verdad y Nuevo Trato del 2008.

En tanto el presidente de la Sofo, Roberto Heise, manifestó que esto demuestra las irregularidades en los procesos de compra de tierras y que el gobierno no debiera pedir, sino exigir un informe.

Según lo indicado por el contralor, lo que corresponde es realizar una auditoría a los procesos de compra y entrega de tierras, lo que permitiría acceder a las bases de datos de la Conadi y comparar las cifras con las de Contraloría.

Sin embargo, esta idea tomará tiempo, debido a la disposición de recursos que se emplean en otras investigaciones del órgano fiscalizador.