Una tensa situación se registró este viernes en las dependencias de Carabineros en Temuco, ya que desde la institución se negaron a entregar información al Fiscal Roberto Garrido, en el marco del allanamiento de la PDI tras de la grave acusación de montaje en la Operación Huracán.
Se trata de las dependencias de la Dipolcar de Carabineros emplazadas al final de la calle Pablo Neruda en la capital de La Araucanía.
La diligencia comenzó a eso de las 11:00 horas, cuando cerca de 15 funcionarios de la PDI, llegaron al inmueble liderados por el fiscal Garrido para requisar equipos y documentación.
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Según informó Radio Bío Bío, en el lugar se encuentra un camión lanza aguas, un carro lanza gases y un bus con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.
De acuerdo a lo señalado, desde Carabineros argumentan que existe un plazo legal de 48 horas, el cual debería esperar la fiscalía para requisar la documentación y equipos.
De esta manera y según lo indicado, hasta pasadas las 14:00 horas, desde Carabineros aún no entregaban la información requerida por el persecutor.
Asimismo se dio a conocer que policías de civil se encontraban grabando y fotografiando a los periodistas que se encontraban en las afueras de las dependencias de la Dipolcar.
Finalmente se dio a conocer que no fue posible realizar el allanamiento, puesto que desde Carabineros argumentaron que se debió avisar 48 horas antes para proceder con el procedimiento.
De esta manera el cuartel se mantendrá sellado.
La denuncia
La tarde del jueves se dio a conocer que el El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, presentó una querella contra quienes resulten responsables, pero enfocada específicamente en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), en el marco de la arista filtraciones de la denominada “Operación Huracán”.
Arroyo está siendo investigado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma Guerra, junto a su exabogada asistente, Mónica Palma y un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Supuestamente, y de acuerdo a un documento denominado oficio 202 que Carabineros envió al fiscal nacional, Jorge Abott; Palma y el funcionario de la ANI habrían filtrado antecedentes de la investigación a comuneros mapuches que eran objeto de seguimiento policial.
A Arroyo, en tanto, se le indaga por el eventual encubrimiento de Mónica Palma, a quien la Dipolcar describe como su pareja sentimental.
Sin embargo, y de acuerdo a la querella que Arroyo presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco, los antecedentes que Carabineros le entregó a Abott para vincularlo con el ilícito son falsos.
Fiscalía cierra Operación Huracán y abre investigación en contra de Carabineros https://t.co/bgrSL1qgC6 pic.twitter.com/TyEJKHEgWD
— BioBioChile (@biobio) 25 de enero de 2018
Manipulación de la evidencia e inicio de investigación
Luego de esto, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, abrió una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de los antecedentes que entregó la institución policial al Ministerio Público en septiembre de 2017 en la denominada Operación Huracán.
Paredes, asegura que “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.
El fiscal sostuvo que se trata de un hecho gravísimo y agregó que es la primera vez que la fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia.
Lo anterior significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales.
El persecutor además dio a conocer que cuanto fueron detectadas estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar las dudas.
