Los empresarios imputados por el caso “Papaya Gate” pidieron permisos acotados a la justicia para realizar viajes al extranjero, con pago de cauciones y manteniendo la obligación de firma mensual, petición que fue autorizada por el tribunal.
Según constató Diario El Día citando registros públicos del Poder Judicial, los permisos fueron otorgados por el tribunal competente bajo condiciones específicas, incluyendo el pago de cauciones económicas y el cumplimiento anticipado de otras medidas cautelares, como la firma mensual.
Los imputados en esta causa mantienen actualmente como medidas cautelares la firma mensual y el arraigo nacional, las cuales han sido flexibilizadas en casos puntuales, previa autorización judicial.
En ese contexto, respecto del imputado Luis Gastón Iver Hudson, la defensa solicitó se suspenda la medida cautelar de arraigo nacional desde el día 22 de mayo de 2026 al 14 de junio de 2026 para realizar un viaje a Miami, ofreciendo una caución de $5.000.000. Frente a ello, “el Tribunal resuelve, se autoriza en la forma solicitada, previo pago de la caución propuesta”. Además, “se autoriza que la medida cautelar de firma mensual se haga la semana previa a su viaje”.
En el caso de Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, se solicitó suspender la medida cautelar de arraigo nacional desde el día 12 al 28 de abril de 2026, ofreciendo una caución de $10.000.000, la que indica ya se encuentra depositada en el Tribunal. Por ello se autorizó la suspensión y también permitió adelantar la firma mensual.
Por su parte, Manuel Alejandro Daire Daud solicitó suspender su arraigo nacional entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2026, también ofreciendo una caución de $10 millones. El tribunal resolvió autorizar quedando igualmente habilitado para cumplir la firma mensual antes de su viaje.
A estos casos se suma el de Karim Daire, quien ya habría realizado un viaje a Brasil entre el 2 y el 17 de marzo, también bajo caución de $10 millones.
Desde el ámbito judicial se destaca que estas autorizaciones se enmarcan dentro de las facultades del tribunal para revisar y ajustar medidas cautelares, siempre que no se alteren los fines del proceso, como asegurar la comparecencia de los imputados.
Lento avance de la investigación
En paralelo, la causa ha tenido otras modificaciones relevantes.
En enero de 2026 el Tribunal de Garantía de La Serena modificó las medidas cautelares de la exintendenta Lucía Pinto, dejando sin efecto el arresto domiciliario nocturno y reemplazándolo por firma mensual y arraigo nacional. Desde la fiscalía se precisó que esta decisión respondió exclusivamente a su situación procesal particular, mientras que el exadministrador regional José Cáceres mantiene el arresto domiciliario nocturno junto al arraigo nacional.
Incluso, el fiscal regional Patricio Cooper señaló en su momento que la modificación de las cautelares de la exautoridad se adoptó considerando el tiempo transcurrido desde la formalización y su comportamiento procesal. No obstante, se ha reiterado que estas medidas pueden cambiar a medida que avance la investigación.
Desde diciembre de 2025, la causa es liderada por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), bajo la conducción del fiscal regional de Coquimbo. Debido a la magnitud del caso, el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo de investigación, la cual fue acogida por el tribunal.
Desde la fiscalía regional de Coquimbo señalaron a El Día que el equipo SAC mantiene activa la investigación y con diligencias en pleno desarrollo tras la recepción de los antecedentes, sin que hasta ahora exista una fecha definida para el eventual juicio oral.
La causa
El denominado “Papaya Gate” se originó a partir de la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del gobierno regional de Coquimbo, operación que superó los $9.800 millones y que buscaba la construcción de un recinto deportivo tras la desaparición de la exCordep.
Sin embargo, distintas pericias han estimado que el valor real de los terrenos sería inferior a los $4.000 millones, lo que dio origen a una serie de investigaciones, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados.
La causa fue formalizada en mayo de 2025, imputándose a ocho personas, entre ellas la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador José Cáceres, además de ejecutivos y empresarios vinculados a la operación.
En esa instancia, el tribunal descartó la prisión preventiva y decretó medidas cautelares como firma mensual y arraigo nacional, las cuales hoy siguen vigentes, aunque con autorizaciones excepcionales para su suspensión temporal.
Enviando corrección, espere un momento...
