Venta de propiedades fiscales: la riesgosa decisión de Hacienda

Hemos escuchado muchas veces que la administración del Estado no es lo mismo que el mundo privado y aunque esto parezca muy obvio, en los círculos que hoy gobiernan no están los códigos de lo público y lo verdaderamente republicano.

En este sentido, se ha tomado el debate la cena que tuvo el Presidente con sus compañeros de la UC en uno de los salones de La Moneda. Los cuestionamientos apuntan al gasto en un contexto de austeridad, a lo simbólico que es usar el principal espacio de la República para encuentros privados, y a lo administrativo respecto de si hubo o no una falta al disponer de La Moneda para un evento de esa naturaleza. Más allá de este hecho puntual lo que uno observa del gobierno de Kast es un profundo desapego con lo público.

Hace unos días ha empezado a tomar forma una idea anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la venta de más de mil propiedades fiscales para recomponer los fondos soberanos. Este fondo en términos simples se usa en contextos de desestabilización económica, cuando el país enfrenta grandes necesidades a causa de desastres naturales o de crisis económicas globales, es decir, verdaderas emergencias.

El argumento de Quiroz es que tierras fiscales que hoy están en desuso podrían venderse, por ejemplo, en el norte para proyectos mineros, y así permitir ingreso rápido de recursos para recomponer el mencionado fondo soberano.

Lo que podría sonar razonable aparentemente: vender para generar liquidez, es una mirada a corto plazo que además debilita el patrimonio del Estado.

Los terrenos e inmuebles que administra el Ministerio de Bienes Nacionales, pueden ser usados para diversos fines. Conforman un catastro que es dinámico, donde hay propiedades que no tienen un uso asignado, pero que sí podrían tenerlo, y otras que sí lo tienen de manera vigente. Dar un permiso de uso gratuito u otorgar una concesión productiva a largo plazo por la que sí hay un valor económico asociado, debe estar acompañado de un proyecto y un uso estratégico de ese inmueble. No es llegar y vender.

En el gobierno del presidente Gabriel Boric hubo prioridad en fortalecer a las instituciones de seguridad donde se otorgaron permisos de uso para instituciones relacionadas con este trabajo: Carabineros y Policía de Investigaciones. Incluso hubo todo un esfuerzo con el Ministerio del Interior para fortalecer puntos fronterizos, cuestión que implicó la asignación de terrenos para convertir estos espacios en verdaderas zonas fronterizas con mayor control y seguridad.

En materia de matriz productiva, para contribuir al diseño de las estrategias del litio y de energías renovables no convencionales, se otorgaron concesiones destinadas a diversos proyectos. Otra prioridad del uso del suelo fiscal fue el Plan de Emergencia Habitacional, donde se entregaron terrenos para la construcción de viviendas sociales.

En todo lo anterior el objetivo estratégico fue gestionar el buen uso de la propiedad fiscal.

Sin duda el resguardo de la propiedad fiscal es una tarea de largo aliento, exige políticas públicas de continuidad, dado que, como el mismo ministro Quiroz ha señalado, hay inmuebles de más de 150 años y por tanto se necesitan planes para su protección, administración y restauración.

No obstante, Hacienda no se ha quedado solo en el anuncio de la venta de inmuebles fiscales. El 9 de abril instruyó, vía Oficio nº15 de la DIPRES, a todos los ministerios y servicios dependientes de esas carteras, “la elaboración de un Plan de Venta de Activos Institucionales” que cuenten con inmuebles propios o bajo su administración.

Lo que parece ser un plan ya encaminado esperemos se quede solo en una actualización de información, que siempre es necesaria para resguardar el patrimonio del Estado. Porque desprenderse de patrimonio valioso en el norte o sur de Chile, es un sinsentido, si se puede evaluar un buen uso de la propiedad fiscal que genere al mismo tiempo recursos para todo Chile.