El Hospital San Juan de Dios de La Serena, región de Coquimbo, presentó una querella criminal tras detectar graves irregularidades en procesos de compra interna, especialmente en el área de Economato. El perjuicio sería de unos $500 millones.
En la denuncia, dirigida inicialmente contra el funcionario encargado de compras ágiles, se solicita investigar eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, administración desleal y cohecho.
La acción judicial se sustenta en un extenso análisis realizado por la Unidad de Convenios del Subdepartamento de Abastecimiento que, durante la revisión de compras efectuadas entre 2023 y 2025, detectó inconsistencias significativas en precios, modificaciones de proveedores y patrones de adjudicación que vulnerarían la normativa vigente.
Dos años de “fraude”
Según el hospital, a partir de marzo de 2024 comenzaron a evidenciarse diferencias notorias entre los valores históricos de diversos productos de economato y los montos finalmente pagados en procesos de compra ágil y trato directo.
Los antecedentes detallan la existencia de una “preferencia sistemática” por ofertas más caras, además de la declaración de inadmisibilidad de propuestas más económicas sin criterios objetivos ni justificación técnica.
Uno de los elementos más llamativos fue el uso reiterado del criterio “plazo de entrega en un día” para descartar ofertas, aun cuando no se trataba de un requerimiento indispensable ni razonable para este tipo de adquisiciones, práctica que contraviene principios básicos de eficiencia y buen uso de los recursos fiscales establecidos en la Ley 19.886 y su reglamento.
En un caso puntual, una orden de compra publicada durante solo un día, recibió siete ofertas. Seis fueron declaradas inadmisibles, adjudicándose finalmente la alternativa más costosa, con una diferencia de $1.765.859 respecto de la propuesta más barata.
En otro proceso, correspondiente al trato directo que originó la orden de compra, las cotizaciones habrían sido elaboradas por el propio ejecutivo de compras utilizando formularios internos y sin documentos válidos emitidos por proveedores, lo que vulnera la normativa de compras públicas.
Delito de $500 millones
La investigación interna también observó patrones que podrían sugerir coordinación comercial entre dos proveedores habituales. En distintas licitaciones, sin competir simultáneamente, ambos presentaron precios idénticos o con incrementos proporcionales, lo que para el hospital podría constituir una estrategia para mantener una apariencia de competencia y evitar la adjudicación repetida a un mismo proveedor.
Incluso, existen antecedentes informales sobre una relación personal entre los representantes de ambas empresas, lo que será materia de investigación.
En total, el análisis interno calcula un perjuicio patrimonial cercano a los $500 millones, asociado a sobreprecios reiterados y direccionamiento de compras.
La querella presentada por el Hospital de La Serena y el Servicio de Salud Coquimbo solicita indagar la eventual comisión de malversación de caudales públicos; fraude al Fisco y cohec, sin descartar otras responsabilidades.
Desde el establecimiento asistencial recalcaron que la detección del presunto fraude fue posible gracias a la modernización de sus mecanismos de control, en particular el sistema administrativo Adhara, implementado en 2024.
Hallazgo y acciones inmediatas
Según la directora (s) del hospital de La Serena, Carla Ahumada, el descubrimiento fue posible también, gracias al cruce de datos y análisis sistemático realizado por las unidades internas.
“Tuvimos acceso a bases de datos consolidadas, lo que nos permitió identificar patrones de compra, sobreprecios y documentos irregulares. Como institución seremos inflexibles ante hechos de esta gravedad”, dijo.
En específico, el hallazgo se produjo hace tres semanas y motivó acciones inmediatas, como denuncia al Ministerio Público, apertura de un sumario administrativo, separación temporal de funciones del funcionario involucrado, resguardo de equipos y registros, y revisión completa del proceso de compras.
Adicionalmente, se entregaron antecedentes a la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y la Unidad de Análisis Financiero.
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