Este miércoles el Ejército emitió un comunicado donde se refiere a la investigación por el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM). En la oportunidad la entidad castrense dijo que espera que a través de la investigación se logre distinguir entre aquellos servicios que realmente fueron prestados y realizados, de aquellos “apartados de la legalidad”.
Recordemos que cerca de 800 funcionarios en ejercicio y en retiro del Ejército serán formalizados por presunto fraude al Fisco, esto luego de que el Ministerio Público junto a la PDI detectaran el pago de deudas privadas por un monto cercano a los $3 mil millones al interior de la institución castrense.
Según explicaron, el fondo existió “desde la década de los 50′ en la región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por suboficiales de la institución, siendo una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre el personal”.
“Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta el 2016”, detallaron.
De igual forma, señalaron que la investigación judicial de la causa tuvo su origen en una denuncia presentada en 2017 por el mismo Ejército ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que dio cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016 “por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército”.
Al respecto, aseguraron que como Ejército instruyeron “dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan”.
Según declaran, “le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador”.
De igual forma, indican que en la actualidad existe personal activo en calidad de imputados, tanto oficiales como suboficiales, sin embargo, “ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. (…) Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso”.
Finalmente, señalan que “es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad”.
