Autoridades de la zona norte hicieron un balance positivo respecto a las medidas que ha impulsado el gobierno para controlar el ingreso de personas indocumentadas por las fronteras, pero acusaron que faltan esfuerzos para controlar la crisis migratoria en las ciudades. El Servicio Nacional de Migraciones confirmó la expulsión de 50 ciudadanos colombianos que se encontraban cumpliendo condenas judiciales en Chile.

Luego de que desde el Gobierno impulsaran una serie de medidas para controlar el ingreso masivo de personas indocumentadas por las fronteras del norte del país, alcaldes y gobernadores de la zona hicieron un balance sobre el resultado de estas acciones.

En particular, valoraron las decisiones que se han tomado para enfrentar esta situación, donde destacaron que -a primera vista- efectivamente se ha logrado controlar el flujo de personas que ingresan de manera ilegal por pasos clandestinos.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que falta mucho por hacer respecto a los migrantes que ya ingresaron al país, ya que no se ha llevado a cabo ninguna medida para regular esto.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, aseguró que en su ciudad no han visto cambios significativos.

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, coincidió con esta crítica y afirmó que la situación en las calles sigue siendo la misma.

De todas formas, señaló que en la frontera las medidas que han impulsado desde el Ejecutivo han tenido un resultado positivo.

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Una de ellas es el Estado de Excepción, el cual desde el Gobierno anunciaron que se extenderá por 15 días más.

En ese sentido, el gobernador afirmó que es muy pronto para estimar si esta medida ha generado un impacto significativo.

50 ciudadanos colombianos fueron expulsados de Chile

Por otro lado, este jueves se llevó a cabo el último vuelo de expulsiones de esta administración.

Así lo anunció el Servicio Nacional de Migraciones, que informó que en esta ocasión fueron expulsadas 50 personas de nacionalidad colombiana.

Todos cumplían condenas dictadas por los tribunales de justicia nacionales, según detalló el director de la institución, Álvaro Bellolio.

Por último, desde el Servicio de Migraciones destacaron que estas personas no podrán ingresar al país en 10 años y que dejaron seis vuelos de expulsión financiados para el gobierno entrante.