Una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad chilena, fueron detenidos por su participación en el delito de venta ilegal de explosivos en Calama, región de Antofagasta. La comercialización la realizaban a través de la red social Instagram.
Lo anterior quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía de Calama y Carabineros del OS7 El Loa.
Según se expuso en audiencia de formalización, la investigación comenzó cuando funcionarios policiales tomaron conocimiento que desconocidos procederían a la venta emulsiones de dinamita a un valor de $400 mil, por lo que se iniciaron diversas diligencias para determinar la veracidad del hecho y detener a sus responsables.
De esta manera, mediante distintas técnicas de investigación especiales, se logra identificar a los involucrados y detenerlos cuando se desplazaban en un vehículo, portando una caja de cartón en cuyo interior había dos emulsiones marca Emulnor 3000 y dos mechas lentas.
Tras el hallazgo, se ejecutó una orden de entrada, registro e incautación en un domicilio de Calama, donde se descubrió una caja con aceleradores, otra con detonadores, un cargador de pistola con dos municiones 9 mm, otras dos emulsiones Emulnor 3000, trozos de mecha lenta y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron formalizados por los delitos de transporte o almacenamiento Ilegal de explosivos, tenencia ilegal de partes de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones -y por petición del Ministerio Público- quedaron en prisión preventiva.
Alta peligrosidad
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la detención de ambas personas se produjo como parte de un proceso investigativo que permitió conocer anticipadamente los planes de los imputados y solicitar las órdenes para su rápida detención.
En esa línea, el persecutor destacó que los elementos incautados son de alta y, de acuerdo a los análisis realizados, estaban aptos para su uso. De esta manera, destacó que con la detención de ambas personas y la recuperación de los explosivos, se evitó la posibilidad que fueran empleados en delitos u actividades ilegales.
“Ahora lo que resta es determinar la procedencia de estos elementos y por qué estaban en manos de estas personas, que es una cuestión esencial atendida la peligrosidad que encierra su manipulación y uso”, señaló.
El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de investigación inicial de 120 días, periodo durante el cual se seguirán desarrollando diligencias en torno a esta causa.
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