Paz Fuica compareció como imputada el 1 de septiembre y se acogió a su derecho de guardar silencio.
La Fiscalía Regional de Antofagasta intensifica sus investigaciones en relación al papel desempeñado por la concejala Paz Fuica, identificada como la “mano derecha” del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, en la elección de las fundaciones que están siendo investigadas por presuntas asignaciones irregulares de fondos públicos en el Caso Convenios.
Como parte de estas investigaciones, el fiscal Cristian Aguilar ordenó una diligencia que autoriza el allanamiento de tres domicilios relacionados con Paz Fuica.
La fiscalía ha argumentado que se han reunido antecedentes que sugieren que durante el año 2022 y principios del 2023, Paz Fuica habría desempeñado funciones en favor de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, por lo cual recibió más de 19 millones de pesos. Esta situación plantea la posibilidad de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Para respaldar esta diligencia, la fiscalía ha citado correos electrónicos en los que Paz Fuica se comunica con funcionarios de la Seremi de Vivienda. En uno de los correos, fechado el 15 de septiembre de 2022 y dado a conocer por El Mercurio, Fuica escribe: “Estimado Alonso, le comento que hemos terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y ya hemos llegado a acuerdos para la asignación de convenios faltantes. Con esto cerraríamos la etapa de negociación, solo nos quedaría cerrar los convenios para firma, resolución y transferencia”.
La decisión de allanar los domicilios relacionados con Paz Fuica resalta la seriedad con la que las autoridades están abordando este caso y la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad en la asignación de fondos públicos.
La concejala Paz Fuica compareció como imputada el 1 de septiembre y se acogió a su derecho de guardar silencio. La investigación continúa avanzando, y se espera que otras figuras, como la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, también declaren en calidad de imputados en el marco de esta investigación en curso.
