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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda exigió al presidente José Antonio Kast y al Ministerio de Justicia reponer el financiamiento de la iniciativa, reducido a $1.000 en el Presupuesto 2027. Advirtió que están en riesgo las labores para encontrar e identificar a víctimas de la dictadura. La Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que el Ejecutivo buscará recuperar los recursos en el Senado.

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda exigió al presidente José Antonio Kast reponer los recursos para su continuidad en 2027 y emplazó al Ministerio de Justicia a explicar qué hará para asegurar su financiamiento. Los fondos previstos para esta tarea quedaron reducidos a apenas $1.000 durante la discusión presupuestaria.

“Requerimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos que informen públicamente y a la brevedad qué gestiones y medidas concretas adoptarán para garantizar este objetivo”, señala el comunicado.

La declaración está suscrita por representantes de agrupaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, la academia, el INDH y la Iglesia Católica. Advierten que están en riesgo las labores para encontrar e identificar a personas desaparecidas durante la dictadura y restituir sus restos a las familias.

Consultada por BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que el Ejecutivo buscará reponer los recursos durante la discusión en el Senado y comprometió gestiones para dar continuidad al plan.

Exigen una respuesta de Kast y del Ministerio de Justicia

El Comité de Seguimiento y Participación es una instancia que acompaña el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda. Reúne a representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, organizaciones de derechos humanos y la academia. Lo preside Erika Hennings, también presidenta de Londres 38.

El comité sostiene que recuperar el financiamiento requiere una decisión del Ejecutivo durante las etapas pendientes del Presupuesto 2027.

“Esta situación no puede ser considerada un asunto meramente administrativo ni una consecuencia inevitable del debate parlamentario. La continuidad del Plan requiere una decisión y una acción concreta del Ejecutivo”, afirma.

Los firmantes exigen al mandatario impulsar la reposición de los recursos y piden a Justicia y a la Subsecretaría de Derechos Humanos dar cuenta pública de sus gestiones.

“La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda no es optativa. No puede quedar reducida a $1.000 ni depender de la voluntad de un gobierno”, advierten.

Entre quienes suscriben están Erika Hennings, presidenta del comité y de Londres 38; Alicia Lira, presidenta de la AFEP, y Yerko Ljubetic, director del INDH.

Cómo se llegó a la asignación de $1.000

El proyecto original del Gobierno contemplaba recursos para el Plan Nacional de Búsqueda mediante glosas del Servicio Médico Legal y del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Estas fueron rechazadas por unanimidad en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos. Posteriormente, la Comisión Especial Mixta mantuvo esos rechazos.

El comité cuestiona que el Ejecutivo no impulsara su reposición antes de la votación en la Cámara. El 11 de noviembre, la Sala aprobó la partida de Justicia por 85 votos a favor y 59 en contra, sin que las glosas rechazadas fueran sometidas a votación, señala.

Los firmantes atribuyen a esa secuencia que los recursos previstos para el plan quedaran en una asignación simbólica de $1.000. Por eso, buscan revertirla antes de que termine la tramitación presupuestaria.

Subsecretaría anuncia gestiones para reponer los fondos

En respuesta a BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos señaló que el proyecto presentado por el Ejecutivo contempla $1.187 millones para el Plan Nacional de Búsqueda, destinados a personal y diligencias en terreno.

“Durante la tramitación presupuestaria, una glosa de la ley vinculada al Plan fue modificada por el Poder Legislativo, en el marco de un ejercicio que forma parte de sus atribuciones y del proceso de discusión presupuestaria”, explicó.

Frente a ese cambio, afirmó que “el Ejecutivo espera reponer estos recursos durante la discusión en la Cámara Alta, con el propósito de resguardar el financiamiento necesario para el desarrollo de las funciones sustantivas del Plan”.

La institución también aseguró que mantendrá su compromiso con las búsquedas y el acompañamiento a las familias: “Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestro compromiso es dar continuidad al Plan Nacional de Búsqueda y resguardar el avance de las diligencias de búsqueda, así como la atención y el acompañamiento a los familiares”, sostuvo.

“Por ello, impulsaremos las gestiones necesarias para reponer los recursos y así contar con el financiamiento que permita dar continuidad a estas labores”, agregó.

Las familias siguen esperando respuestas

El plan fue oficializado en 2023, durante el gobierno de Gabriel Boric, para esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura.

El comité señala que, de 1.469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas cuyos restos no fueron entregados, 307 han sido encontradas e identificadas. Otras 1.162 continúan pendientes de ser encontradas e identificadas, según sus cifras.

“No se trata de un programa accesorio ni de una iniciativa que pueda quedar sujeta a las prioridades circunstanciales de un gobierno. Se trata de una política de Estado”, sostiene.

La preocupación presupuestaria venía desde octubre. Consultada entonces por BioBioChile, la Subsecretaría reconoció una reducción de recursos, pero aseguró que las búsquedas continuarían y atribuyó el ajuste a una mejor planificación del gasto. Esa respuesta fue anterior a los rechazos que ahora denuncia el comité.

“Las personas detenidas desaparecidas siguen siendo buscadas. Sus familias siguen esperando verdad y justicia. El Estado tiene la obligación de responder”, concluye el comunicado.