La oposición busca destituir al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena que beneficiaron a agresores sexuales de menores y a condenados por crímenes de lesa humanidad. Para conseguirlo, presentó una acusación constitucional que cuestiona tanto las decisiones de su cartera como las explicaciones que entregó al Congreso.
El libelo tiene 189 páginas y tres capítulos. Los diputados sostienen que Rabat concedió beneficios que debía rechazar, omitió una evaluación especial en los casos de lesa humanidad y entregó información incompleta o engañosa para justificar su actuación.
Para respaldarlo, reúnen decretos, sentencias, oficios y numerosos reportajes. Los cargos deberán ser examinados durante la tramitación y contrastados con los descargos del ministro.
Entre las diligencias solicitadas aparece una pregunta dirigida al presidente José Antonio Kast: si impartió instrucciones sobre los criterios para conceder las rebajas.
Acusación constitucional contra Rabat: los capítulos
El primer capítulo apunta a los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores. La oposición sostiene que Justicia debía rechazar esas solicitudes aplicando la exclusión incorporada a la ley en 2022.
La controversia está en cómo corresponde aplicar esa restricción a hechos anteriores a la reforma. Rabat ha defendido que debía respetar la irretroactividad y recoger la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Los acusadores cuestionan esa explicación mediante decretos de rechazo dictados durante esta misma administración y sentencias que respaldaron esas decisiones. Su argumento es que el Ministerio podía rechazar solicitudes y defender esa posición en tribunales, en lugar de concederlas aplicando interpretaciones de otros fallos.
También recogen advertencias de oficinas regionales e instrucciones internas que, según el libelo, continuaban vigentes mientras la cartera aplicaba otro criterio.
“No consta que las haya revocado ni modificado, y no consta que haya comunicado a sus servicios el criterio que aplicaba en sus decretos”, sostiene la acusación.
“Durante el mismo periodo coexistieron en la cartera dos criterios opuestos”, agrega.
Este capítulo también aborda la suspensión de los trámites de rebajas de condena anunciada en octubre. Para los diputados, Rabat debía resolver las solicitudes, concediéndolas o rechazándolas, en vez de paralizarlas mientras avanzaban cambios legales.
“Si el ministro pudo abstenerse de conceder el beneficio a partir del 23 de octubre, la decisión de concederlo en los meses anteriores no le era impuesta por norma alguna”, plantea el documento.
Lesa humanidad y las explicaciones al Congreso
El segundo capítulo aborda las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Aquí el argumento es distinto: el propio libelo reconoce que la ley no excluye el beneficio por esa sola condición.
“Lo que se reprocha en el capítulo segundo no es haber concedido un beneficio prohibido”, precisa el texto. Lo que cuestiona es que se habría otorgado sin la evaluación individual que, según los diputados, exigen las obligaciones internacionales de Chile.
Los acusadores sostienen que debían considerarse la gravedad de los crímenes, la colaboración con la justicia y las consecuencias para las víctimas y sus familias.
“El estándar internacional no exige negar todo beneficio a estos condenados, sino someter su concesión a un examen más exigente, individual y motivado. Lo que se reprocha es haber suprimido ese examen”, señala el documento.
Para fundamentarlo, cita tratados, jurisprudencia e informes de Justicia. También compara decisiones respecto de coautores de los mismos crímenes que recibieron respuestas diferentes a sus solicitudes.
“El acusado invoca las sentencias como mandato cuando conducen a conceder, y las omite cuando conducen a rechazar”, reprocha el libelo.
“El Ministerio no desconocía la jurisprudencia contraria: la conocía y decidió no seguirla”, agrega.
El tercer capítulo apunta a las explicaciones del propio Rabat. Los diputados lo acusan de vulnerar la probidad “al faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes” ante el Congreso y la opinión pública.
También le reprochan haber omitido fallos que respaldaban los rechazos de su propia cartera cuando defendió la existencia de una jurisprudencia uniforme.
Otro punto es el decreto del Gobierno anterior que Rabat utilizó durante la discusión. La víctima de ese caso era adulta, mientras la sesión abordaba delitos sexuales contra menores.
A partir de estos contrastes, los diputados atribuyen al ministro una conducta destinada a eludir responsabilidades, trasladándolas a las comisiones, a la Corte Suprema y al Gobierno anterior: “Las tres afirmaciones comparten un mismo patrón, ya que trasladan a terceros la responsabilidad por decisiones que corresponden al acusado”, sostiene el documento.
Los documentos y la pregunta dirigida a Kast
La acusación enumera 106 antecedentes documentales, entre los que hay reportajes, decretos, sentencias, oficios, respuestas institucionales y el registro de una sesión de la Cámara.
La prensa tiene un papel importante en la reconstrucción de los casos y las declaraciones de las autoridades. Varios de los respaldos son documentos oficiales que los medios obtuvieron y publicaron.
Además de esos antecedentes, los diputados buscan reunir nueva información. Solicitan citar o invitar al exsubsecretario de Justicia Luis Silva, al subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, al exministro Jaime Gajardo y a los seremis cuyas oficinas advirtieron sobre exclusiones legales.
También piden correos, minutas e instrucciones que permitan reconstruir cómo se fijaron los criterios para conceder las rebajas.
En ese listado también aparece la solicitud dirigida a Kast. Los diputados piden que la Cámara envíe un oficio al Presidente para esclarecer si impartió instrucciones sobre “los criterios con los cuales el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos debe hacer uso de la facultad delegada, en cuanto a la firma, de los decretos de reducción de condena”.
La petición figura en la página 189 del libelo y solicita a la Cámara que envíe un oficio al presidente para que informe si impartió esas instrucciones y cuáles fueron los criterios.
Así, la oposición pide que la Cámara dé paso a la acusación para que el Senado examine los cargos y resuelva su eventual destitución.
Este lunes, la Sala de la Cámara dio cuenta de la acusación y se realizó el sorteo de la comisión encargada de revisarla, que quedó con mayoría opositora de tres integrantes contra dos. La conforman Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), junto con Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL). Esta instancia examinará los antecedentes y los descargos del ministro antes de emitir un informe para la posterior votación en Sala.