Este jueves, familiares de siete detenidos desaparecidos seguirán desde Chile la apelación presentada por la exagente de la DINA para impedir su extradición a territorio nacional. Adriana Rivas está procesada como presunta coautora de 7 secuestros, pero nunca fue juzgada: incumplió sus medidas cautelares, se fugó de Chile y se instaló en Australia.
Han pasado 50 años desde que las víctimas —todos dirigentes o militantes del Partido Comunista— fueron secuestradas y llevadas al cuartel de exterminio de Simón Bolívar. También han transcurrido más de siete años desde que Adriana Rivas, exagente de Dina y antigua secretaria de Manuel Contreras, fue detenida en Australia por la solicitud de extradición chilena.
Pese a las sucesivas decisiones que han autorizado su entrega, todavía no ha vuelto al país donde ya había sido procesada.
Los familiares de siete detenidos desaparecidos volverán a instalarse este jueves frente a una pantalla. A más de 11 mil kilómetros, el Pleno de la Corte Federal de Australia revisará una nueva apelación “la Chany”, que por años ha evadido la justicia chilena.
“Este año se cumplen 50 años desde que nuestros familiares fueron detenidos por la DINA y llevados al cuartel de exterminio de Simón Bolívar. Cincuenta años es toda una vida. Varios de nosotros ya no están, han fallecido, pero aquí seguimos exigiendo justicia”, dice a BioBioChile, María Luisa Ortiz, hija de Juan Fernando Ortiz Letelier, detenido desparecido.
La secretaria de Manuel Contreras y su rol en Simón Bolívar
Adriana Rivas se formó como agente y trabajó cerca de Manuel Contreras, director de la DINA, organismo represivo de la dictadura de Pinochet. También estuvo vinculada al cuartel de Simón Bolívar, donde operaba la brigada Lautaro, encargada de perseguir a dirigentes comunistas.
Rivas ha sostenido durante años que no participó en detenciones ni torturas y su defensa ha insistido en presentarla como una secretaria que cumplía tareas administrativas. Pero los abogados querellantes sostienen que su papel era distinto: la describen como una “secretaria operativa” con participación activa en detenciones y traslados.
Chile solicita su extradición por siete delitos de secuestro calificados investigados en los procesos conocidos como Conferencia I y Conferencia II.
Las víctimas son Víctor Manuel Díaz López, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Fernando Navarro Allende, Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic y Héctor Véliz Ramírez.
Todos ellos fueron perseguidos por su militancia política y secuestrados como parte de la ofensiva de la DINA contra la dirección clandestina del Partido Comunista. Reinalda, de 29 años, estaba embarazada cuando fue detenida el 15 de diciembre de 1976.
La investigación estableció que las víctimas fueron llevadas al cuartel Simón Bolívar, un recinto del que, según los testimonios recogidos en la causa, ningún prisionero salió con vida.
Procesamiento, fuga y detención en Australia
En febrero de 2007, Adriana Rivas fue procesada como presunta coautora del secuestro calificado de Víctor Díaz, en la causa Conferencia I. El 31 de agosto de 2009 volvió a ser procesada, esta vez como presunta coautora de los otros seis secuestros calificados investigados en Conferencia II.
Se le atribuye una participación como coautora, bajo la figura que contempla a quienes concertados para cometer un crimen, facilitan los medios para ejecutarlo o lo presencian sin impedirlo pese a formar parte del plan.
Los restantes agentes implicados en Conferencia I y II sí enfrentaron un juicio y terminaron condenados. Pero la situación de Rivas quedó pendiente por una razón concreta: se fugó en 2012 antes de ser acusada y juzgada.
Tras la fuga se dictaron órdenes de detención y captura internacional contra Adriana. En 2013 comenzó a tramitarse formalmente la solicitud de extradición y, a comienzos de 2014, la Corte Suprema resolvió que correspondía pedir su entrega.
En 2016 fue declarada rebelde. La investigación quedó sometida a un sobreseimiento temporal y parcial: no fue absuelta ni se cerró definitivamente su caso.
Rivas está detenida en Australia desde febrero de 2019. El Gobierno de ese país autorizó su entrega en 2024, pero su defensa presentó nuevos recursos. El último fue rechazado en abril por el juez Michael Lee, quien concluyó que Chile la requiere por siete secuestros calificados y que corresponde a los tribunales chilenos determinar su culpabilidad.
La apelación a ese fallo será revisada este miércoles por el Pleno de la Corte Federal de Australia.
Si Adriana Rivas regresa a Chile, deberá alzarse su rebeldía y reactivarse el antiguo procedimiento penal. El tribunal podrá ordenar nuevas diligencias y, una vez cerrado el sumario, decidir si formula una acusación. Después vendría el plenario —el juicio propiamente tal— y una sentencia de primera instancia, eventualmente revisable por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Audiencia clave podría resolver extradición de Adriana Rivas
María Luisa Ortiz ya ha vivido esta escena. Junto a otras familias ha debido seguir, a través de internet, una sucesión de audiencias realizadas al otro lado del mundo. Cada fallo ha parecido acercar el regreso de Rivas, pero luego aparece una nueva impugnación.
“Todas las veces los tribunales han rechazado sus apelaciones y han determinado que es extraditable a Chile. Sin embargo, ella siempre encuentra algún resquicio para volver a apelar y recurrir a la instancia siguiente”, sostiene.
Este miércoles volverán a conectarse. “Nosotros estaremos ahí y en todas las instancias que sean necesarias hasta lograr que se haga justicia y que ella enfrente a la justicia en Chile”, añade.
El abogado de las familias de las víctimas de Conferencia II, Francisco Ugás, comparte esa convicción.
“Esperamos que esta audiencia ante el Pleno de la Corte Federal de Australia sea la última que se lleve a cabo y que la justicia de dicho país, finalmente, concrete la extradición de Adriana Rivas”, señaló.
Para Ugás, la demora no puede medirse únicamente desde que comenzó el juicio de extradición. La cuenta parte en 1976, cuando las víctimas fueron secuestradas, torturadas y hechas desaparecer por agentes de la dictadura.
“Las familias de las víctimas, sus equipos jurídicos y la sociedad chilena en su conjunto necesitamos poner punto final a este largo intersticio de impunidad, que se extiende desde 1976 hasta nuestros días, y que Rivas sea entregada a la judicatura chilena para su juzgamiento”, planteó.
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