El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría avanzar con votos del Partido de la Gente y apoyos desde Chile Vamos. Su proyección incluye tanto respaldos directos como abstenciones o ausencias al momento de votar.
“Yo creo que los votos están”, afirmó este lunes y defendió los fundamentos del documento: acusó al ministro de cambiar el criterio aplicado a las rebajas de condena.
Este lunes 16 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados comienza la tramitación de la acusación y debe sortear la comisión encargada de revisarla.
Soto anticipa colaboración desde Chile Vamos para AC contra Rabat
El presidente del PPD sostuvo que los respaldos se irán definiendo a medida que los parlamentarios conozcan los argumentos del documento.
“Yo creo que van a estar todos los votos de la oposición”, señaló hoy en Radio Agricultura. A ese bloque, añadió, podrían sumarse otros sectores como el PDG: “Creo que va a estar una mayoría de votos del partido de la gente”.
Soto también anticipó una eventual colaboración de diputados de Chile Vamos, aunque no identificó nombres ni comprometió una cifra.
“Creo que vamos a tener colaboración también de algunos parlamentarios de Chile, vamos”, aseguró. “Hay distintas formas de colaborar; puede ser votando a favor, puede ser absteniendo, puede ser no votando, saliendo de la sala”, planteó.
Acusa cambio de criterio y cuestiona explicaciones de Rabat
La acusación apunta a las rebajas de condena concedidas a responsables de delitos sexuales contra menores, los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad y presuntas infracciones a la probidad vinculadas a la información entregada al Congreso.
Soto cuestionó que Rabat modificara el criterio de administraciones anteriores y concediera beneficios mediante una interpretación que, a su juicio, debía quedar en manos de los tribunales.
“El ministro de Justicia no puede atribuirse facultades jurisdiccionales que le corresponden a los tribunales de justicia”, sostuvo.
También acusó al secretario de Estado de que “actuó de mala fe y mintió”, al cuestionar sus explicaciones sobre las obligaciones jurídicas que tenía al resolver las solicitudes.
El Gobierno ha defendido la legalidad de los decretos y el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro. La oposición, en cambio, busca establecer responsabilidades mediante el mecanismo constitucional.
“Creemos que esta acusación constitucional es lo suficientemente robusta en términos jurídicos y también políticos”, afirmó Soto.
Aunque expresó confianza en superar la etapa de la Cámara, el diputado reconoció que después deberán enfrentar una nueva decisión en el Senado. “Esta acusación constitucional tiene altas probabilidades de llegar a buen puerto”, concluyó.