La diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó un proyecto para garantizar la continuidad de atención oncológica durante fin de semana y festivos, impidiendo que una quimioterapia, radioterapia u otra prestación previamente programada sea suspendida por coincidir con un día inhábil.
La propuesta surge en medio de la presión que enfrentan las listas de espera oncológicas. Según informó el Minsal, al 31 de enero existían 33.702 atenciones asociadas a cáncer en espera. Luego, se comunicó que el 99,9% de los registros priorizados habían sido contactados y vinculados a la red.
Pese a lo anterior, el proyecto advierte que contactar a un paciente o incorporarlo a una ruta de atención no significa necesariamente que haya recibido efectivamente una consulta, examen o tratamiento.
“El cáncer no entiende de días hábiles ni puede esperar hasta el lunes. Si una persona tiene una quimioterapia, una radioterapia o una prestación oncológica indicada y programada, no puede interrumpirse simplemente porque cayó en sábado, domingo o festivo”, argumentó.
La parlamentaria agregó que, en estos casos, los tiempos son determinantes y que cualquier postergación puede tener consecuencias en la salud de los pacientes.
“Lo que buscamos es entregar certeza y continuidad a quienes están enfrentando una de las enfermedades más difíciles para cualquier familia”, sostuvo.
Proyecto busca garantizar continuidad de la atención oncológica
La propuesta contempla expresamente sesiones de quimioterapia y radioterapia, así como la atención de urgencias y complicaciones derivadas del cáncer o de sus tratamientos.
La garantía se aplicaría considerando el personal, los turnos, la infraestructura y los recursos disponibles en cada establecimiento, siempre en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y la priorización clínica de las urgencias.
Asimismo, establece la obligación de que los prestadores informen previamente a los pacientes sobre las alternativas disponibles cuando una prestación pueda verse afectada por un fin de semana o festivo.
El proyecto se ingresó a tramitación el 19 de octubre y fue derivado a la Comisión de Salud. Su texto establece que, en caso de convertirse en ley, el Minsal tendrá un plazo de 180 días para establecer cómo los prestadores aplicarán este derecho de acuerdo con sus recursos y dotaciones existentes.
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