La Comisión Política de la UDI rechazó por unanimidad la acusación constitucional anunciada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y arremetió contra los partidos del Socialismo Democrático, a los que calificó como “vagones de cola” de la extrema izquierda por respaldar el libelo.
La declaración se produce en medio de la crisis por los 56 decretos que concedieron rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores de edad. Una controversia que ha generado cuestionamientos dentro del propio oficialismo y que llevó a la UDI a reunirse de emergencia este miércoles para abordar un eventual cambio de gabinete.
Pese a ese escenario, el gremialismo entregó una señal de respaldo al ministro frente a la ofensiva opositora, asegurando que no existen fundamentos jurídicos para impulsar su destitución mediante una acusación constitucional.
“No existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas”, sostuvo la colectividad.
UDI arremete contra el Socialismo Democrático
Uno de los principales cuestionamientos de la declaración estuvo dirigido a los partidos del Socialismo Democrático, a los que la UDI acusó de dejarse arrastrar por los sectores más a la izquierda de la oposición.
“Las bancadas de extrema izquierda, junto con los partidos del Socialismo Democrático que se dejaron arrastrar por su imprudencia, han optado por impulsar una ofensiva política”, señaló el partido.
El gremialismo fue más allá y cuestionó el papel que han desempeñado estas colectividades, acusándolas de actuar como “verdaderos vagones de cola” de la izquierda.
Asimismo, calificó la acusación constitucional como una de las actuaciones más “mezquinas y deplorables” de un sector político, al que atribuyó la intención de utilizar el sufrimiento de las víctimas para perjudicar al Gobierno del presidente José Antonio Kast.
“La acusación constitucional anunciada por la oposición, cuya presentación ha sido postergada ante la evidente falta de mérito y fundamento jurídico, puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena”, afirmó la UDI.
En esa línea, sostuvo que los impulsores del libelo no han tenido reparos en “instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno del Presidente Kast”.
Rechazo a la acusación en medio de divisiones internas
La declaración se conoce luego de que Radio Bío Bío revelara que la directiva nacional y regional de la UDI, junto a su Comisión Política, se reunieron de emergencia para abordar un eventual cambio de gabinete ante la crisis en Justicia.
La discusión interna se abrió después de que parlamentarios gremialistas manifestaran reparos a la continuidad de Rabat, particularmente durante un asado realizado en Concón, donde participaron autoridades de Gobierno.
Según antecedentes publicados por BioBioChile, cerca de la mitad de los 19 diputados de la UDI no había comprometido su rechazo a una eventual acusación constitucional, mientras algunos plantearon que la salida del ministro podría contribuir a descomprimir la crisis.
De esta manera, el rechazo institucional de la Comisión Política al libelo contrasta con las diferencias que persisten entre los parlamentarios respecto del futuro de Rabat y la posición que adoptarán ante una eventual votación de la acusación.
UDI también apunta al Partido Comunista
La colectividad también dirigió sus críticas al Partido Comunista, luego de que el diputado Marcos Barraza fuera el único integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara que votó contra una reforma destinada a impedir rebajas de condena a agresores sexuales de menores mediante la aplicación de normas anteriores más favorables.
El episodio ya había generado cuestionamientos desde Renovación Nacional, cuya bancada emplazó al PC a respaldar una solución legislativa que proteja a las víctimas.
En su declaración, la UDI vinculó ese rechazo con la ofensiva opositora contra Rabat, afirmando que la supuesta instrumentalización política queda demostrada “cuando el representante del Partido Comunista vota en contra de la ley para que nunca más pueda salir en libertad un violador de menores”.
Finalmente, el partido llamó a los distintos sectores a no respaldar una acusación que considera carente de fundamentos jurídicos.
“El sufrimiento de las víctimas merece respeto y soluciones concretas, no ser utilizado como una herramienta de confrontación para perjudicar al Gobierno”, concluyó la Comisión Política.
Así, mientras persisten los cuestionamientos sobre la continuidad de Rabat, la UDI optó por rechazar institucionalmente la acusación constitucional y concentrar sus críticas en la oposición, especialmente en los partidos del Socialismo Democrático.
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