El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, valoró el avance del proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros y destacó que la iniciativa permitirá aplicar esta medida a personas que provoquen graves alteraciones al orden público.
La propuesta fue despachada de manera unánime este lunes por la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras y ahora deberá ser ratificada por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
Entre sus principales modificaciones, el proyecto entrega nuevas facultades a la Policía de Investigaciones (PDI) para concretar órdenes de expulsión. Los funcionarios podrán ingresar a un domicilio para detener a una persona con una orden de expulsión afinada, aunque deberán contar previamente con la autorización de un juez de garantía.
Sauerbaum sostuvo que estas herramientas permitirán agilizar la salida del país de extranjeros en situación irregular y apuntó especialmente a quienes estén involucrados en delitos de menor gravedad o graves alteraciones al orden público.
Según señaló la autoridad, esto podría alcanzar a personas que incurran en conductas como “levantar barricadas o lanzar bombas molotov en alguna marcha o protesta”.
Proyecto amplía prohibición de reingreso
Otro de los cambios acordados por la Comisión Mixta consiste en elevar de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile para quienes sean expulsados.
La iniciativa también contempla que extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya pena no supere los tres años puedan ser expulsados del territorio nacional, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
En esos casos, el procedimiento penal quedará suspendido mientras la persona permanezca fuera del país y podrá reanudarse en caso de incumplirse la prohibición de ingreso.
Respecto de delitos asociados a drogas, la expulsión como pena sustitutiva quedará restringida a una primera condena por microtráfico.
El proyecto establece además mecanismos para facilitar una nueva expulsión cuando una persona previamente expulsada vuelva a ingresar de manera ilegal al territorio nacional.
A ello se suma una reducción del plazo disponible para reclamar judicialmente contra una orden de expulsión, que pasará de diez a cinco días. Asimismo, la presentación del recurso no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida.
Migraciones pedirá aumentar recursos para expulsiones en 2027
Junto con valorar el avance legislativo, Sauerbaum adelantó que el Servicio Nacional de Migraciones buscará un incremento considerable de los recursos destinados a materializar expulsiones durante el próximo año.
Según reveló, en el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresará al Congreso se solicitará elevar los fondos para este propósito desde los actuales $4 mil millones hasta $11 mil millones.
“Estamos pidiendo un incremento de los dineros destinados a expulsiones de 4 mil a 11 mil millones de pesos”, señaló Sauerbaum.
“Es importante este incremento si queremos mantener una migración regular, ordenada y segura, como nos demandan los chilenos”, agregó.
El acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta incorporó además observaciones formuladas por la Corte Suprema y el Ministerio Público, especialmente para evitar que la ejecución de una expulsión administrativa interfiera con investigaciones penales en curso.
Tras el despacho del informe, el proyecto deberá ser sometido a votación en ambas cámaras antes de completar su tramitación en el Congreso.
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