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El 10 de septiembre, la Comisión de Educación del Senado despachó el proyecto que modifica la Ley que crea la Nueva Educación Pública (NEP). El Ejecutivo desistió de extender el proceso de instalación de los SLEP, manteniendo el 2030 como horizonte. Sin embargo, la discusión cambió de naturaleza. Se aprobó permitir a los municipios acogidos a postergación a permanecer indefinidamente como sostenedores, rebajando además las condiciones para solicitar dicha postergación.
Con ello emerge la posibilidad de consolidar un sistema público híbrido: SLEP y municipios coexistiendo por siempre, bajo reglas y condiciones muy distintas. Esto es especialmente paradojal pues la Ley surgió del diagnóstico contrario: la municipalización había fragmentado la educación pública en cientos de realidades administrativas con capacidades técnicas, financieras y territoriales desiguales, lo que la UNESCO (2018) catalogó como una “renuncia del rol garante del Estado”, debido a la pérdida de su capacidad de guiar al sistema.
Las distintas evaluaciones realizadas por el Consejo Evaluador, así como por Centros de Estudios e incluso Think Tanks de derecha, muestran que parte relevante de las dificultades de los SLEP proviene de rigideces estructurales: reglas presupuestarias, de compras, contratación, reasignación de recursos y rendición que no pesan del mismo modo sobre municipios ni particulares subvencionados. A ello se agregan problemas heredados: deudas, infraestructura deteriorada, información incompleta y desajustes dotacionales. Algo que la Ley 21.819 -aún en proceso de implementación- buscó aliviar, pero de modo totalmente insuficiente, manteniendo la profunda desigualdad estructural con el resto del sistema.
Los SLEP siguen con una mochila llena de piedras y escombros. A pesar de lo cual, como indican diversas investigaciones, tienen un impacto consistentemente positivo en indicadores de asistencia y rendimiento, comparando grupos de estudiantes similares.
Lo curioso es que el debate reconoce la pesada mochila que cargan los SLEP, pero el proyecto no hace nada para atender a ello. Por el contrario, se orienta a promover la fragmentación del sistema, permitiendo que determinados municipios permanezcan administrando educación.
Esto, mientras avanza el Boletín 16.743-04, que flexibiliza condiciones para la creación y expansión de establecimientos particulares subvencionados. Es decir, mientras el proveedor público sigue operando con mayores restricciones -ahora fragmentado indefinidamente- se reducen barreras para otros actores financiados por el Estado, potencialmente, volviendo a permitir la selección. La discusión deja entonces de ser sólo administrativa: se trata de las condiciones desiguales bajo las cuales distintos sostenedores compiten por matrícula y recursos.
Por otra parte, si existen municipios que han construido muy buenos equipos, prácticas pedagógicas, sistemas de convivencia, participación o gestión, ¿por qué la respuesta es separarlos? ¿Por qué no incorporar esas capacidades al SLEP correspondiente, favoreciendo aprendizaje organizacional, fortaleciendo el sistema?
Las postergaciones podrían ser útiles si tuvieran como sentido, generar modificaciones -en las que ya hay acuerdo- para aliviar la mochila de los SLEP, y favorecer trabajo colaborativo con municipios a través de redes pedagógicas conjuntas, análisis compartido de problemas, intercambio de prácticas, trabajo en convivencia y participación; preparando anticipadamente un traspaso que no quiebre las buenas prácticas. Así, el municipio que “lo hace bien” no se convierte en una excepción encapsulada, sino en una fuente de aprendizaje para todo el territorio.
Si la Educación Pública tiene problemas, la respuesta no debería ser fragmentarla. Si arrastra una mochila pesada, la pregunta es cómo quitarle peso. Y si además existen capacidades valiosas en municipios y comunidades, cómo hacer que circulen y fortalezcan el sistema. En lugar de discutir cuánto más puede cargar la Educación Pública, y cómo podemos fragmentarla…podríamos pensar en qué ocurriría si, además de sacarle piedras a la mochila, le pusiéramos patines. Esa es la pregunta.
Vicente Sisto Campos
Eduardo González Navarro
Carolina Badillo VargasInvestigadores del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva PUCV (EduInclusiva)
