De manera unánime, la Comisión Mixta del proyecto que busca perfeccionar las expulsiones administrativas despachó su informe, dando por concluida su labor. La iniciativa forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno.
Aunque la instancia se convocó para resolver las diferencias entre ambas cámaras respecto del plazo de prohibición de ingreso al país, también permitió abordar las observaciones de la Corte Suprema y el Ministerio Público, con el objetivo de evitar que las expulsiones interfieran en investigaciones penales en curso.
Fue precisamente esa preocupación la que marcó el inicio de la sesión de hoy. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó garantías de que el proyecto contemplaría una coordinación previa con la Fiscalía cuando existan investigaciones penales vigentes que puedan verse afectadas por el procedimiento.
En concreto, antes de ingresar a un domicilio, la Policía de Investigaciones (PDI) deberá consultar de manera confidencial al Ministerio Público si existen antecedentes de una investigación penal prevalente.
La presidenta de la mixta, la senadora socialista Danisa Astudillo, valoró la disposición del Ejecutivo y de los parlamentarios para alcanzar un acuerdo en esta materia.
“Se ajustaran a la normativa, respetando y garantizando derechos de las personas, pero también evitando que, por perseguir una expulsión, pudiéramos entorpecer una investigación de mayor envergadura y, por lo tanto, también hoy día van a conversar de mejor manera los servicios públicos”, expresó la legisladora.
Entre los consensos, se estableció un período mínimo de cinco años de prohibición de ingreso al país para las personas expulsadas, tal como lo había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados.
Además, se acordó que los extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya pena no supere los tres años podrán ser expulsados, quedando suspendido el procedimiento penal mientras permanezcan fuera del país.
Otro de los puntos destacados por Pavez fue la nueva facultad que tendrá la PDI para ingresar a un domicilio, previa autorización de un juez de garantía, cuando exista una orden de expulsión debidamente afinada. La medida tendrá como único objetivo detener a la persona y concretar su salida del territorio nacional.
“Este proyecto le otorga a la Policía de Investigaciones la facultad de, verificado una orden de expulsión totalmente afinada, poder ingresar a un domicilio solo para los efectos de detener a alguien”, explicó el secretario de Estado.
Por su parte, el senador republicano Renzo Trisotti valoró el avance de la iniciativa, destacándolo como un nuevo paso en materia de seguridad.
“Esperamos que este proyecto pueda contribuir a que el Estado tenga todas las herramientas para poder expulsar rápido y para que estas personas, por un tiempo muy largo, no puedan volver a ingresar a nuestro país”, destacó.
Con el despacho unánime de la comisión mixta, el informe deberá ahora ser ratificado por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para completar su tramitación legislativa.
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