Las diputadas republicanas Javiera Rodríguez y Paz Charpentier visitaron en el Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, a Carlos Robledo Olguín, exconscripto del Ejército condenado a 10 años de cárcel por la muerte de Romario Veloz durante el estallido social de 2019.
Tras el encuentro, las parlamentarias reiteraron su respaldo a una solicitud de indulto para Robledo y cuestionaron que continúe privado de libertad por hechos ocurridos cuando cumplía el servicio militar y participaba del despliegue de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción.
“Venimos saliendo conmovidas, con un fuerte sentido del deber de continuar impulsando esta causa que es fundamental”, sostuvo Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.
La diputada aseguró que el caso “merece ser considerado” y agregó que, a su juicio, Robledo “merece estar en libertad”.
“El honor de servir a Chile no puede ser una condena. Y eso es un tema que nos debe convocar a todos los chilenos, y muy especialmente a quienes estamos en el servicio público”, afirmó.
Diputadas Rodríguez y Charpentier visitan a exconscripto Robledo y piden su indulto
Paz Charpentier, en tanto, calificó como “dramática” la situación del exconscripto y acusó un abandono por parte del Estado hacia uniformados condenados por hechos ocurridos en servicio.
“El caso de Carlos es dramático. Tuvimos la oportunidad de conversar con él. Obviamente, cualquiera que podría estar en su lugar no se imagina la desesperanza y el abandono del Estado de Chile”, señaló.
La parlamentaria sostuvo que la visita refuerza su intención de continuar trabajando por Robledo y otros uniformados encarcelados. “Nos inspira a seguir trabajando por ellos, por todos los uniformados y, además, por los chilenos”, afirmó.
Charpentier cerró haciendo explícita la petición al Ejecutivo: “No más presos por servir, indulto ahora, y todo el apoyo a los uniformados y a las familias”.
La condena de Robledo por la muerte de Romario Veloz
Carlos Robledo Olguín tiene actualmente 25 años y cumple una condena de 10 años de presidio por el delito de violencia innecesaria causando la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, ciudadano ecuatoriano de 26 años que murió tras recibir un disparo durante una manifestación ocurrida el 20 de octubre de 2019 en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.
Al momento de los hechos, Robledo se encontraba realizando el servicio militar.
De acuerdo con lo establecido judicialmente, ese día una unidad del Ejército se encontraba desplegada en el sector durante el estado de excepción decretado tras el inicio del estallido social. El capitán José Santiago Faúndez, quien posteriormente fue condenado a 15 años de cárcel, ordenó abrir fuego durante los incidentes registrados en el lugar.
La sentencia estableció que Robledo disparó su fusil Galil, cargado con munición de guerra, impactando a Romario Veloz. En septiembre de 2023 fue condenado a 10 años de presidio.
Su defensa, sin embargo, ha cuestionado las condiciones en que actuó el entonces conscripto. Entre sus argumentos sostiene que Robledo tenía escasa preparación, había participado en pocas campañas de tiro y no habría recibido una instrucción adecuada sobre las Reglas de Uso de la Fuerza para enfrentar labores de control del orden público.
Los abogados también han planteado cuestionamientos respecto del fusil Galil y del uso de munición real y de fogueo, argumentos incorporados posteriormente a la solicitud de indulto presentada ante el Ejecutivo.
Indulto está en manos del Gobierno
El caso volvió a instalarse en la discusión política durante este año, luego de conocerse que Robledo solicitó un indulto particular al presidente José Antonio Kast.
Sus abogados ingresaron la petición el 19 de marzo y el caso se encuentra entre las solicitudes de perdón de pena vinculadas a hechos ocurridos durante el estallido social que han sido sometidas a revisión del Ejecutivo.
El propio mandatario ha mencionado públicamente a Robledo al abordar el eventual despliegue de militares en tareas de seguridad pública, utilizando su situación para referirse a las consecuencias judiciales que pueden enfrentar uniformados destinados a esas funciones.
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