La pugna de Chiguayante: Concejales llaman a luchar por mitad de plaza que fue comprada por vecino

Concejales de Chiguayante se manifestaron porque la Municipalidad impida que los vecinos pierdan la mitad de la plaza José Palma Barrera, cuya propiedad fue reconocida por la justicia en favor de un particular.

Para ello piden apelar la sentencia o, si se confirma el fallo, buscar los recursos para comprar el paño y mantener el área verde como existe hasta hoy.

Son casi 250 metros cuadrados los que el Primer Juzgado Civil de Concepción reconoció como propiedad legal de Andrés Salas, quien compró el terreno en 45 millones de pesos a una empresa a fines de 2024.

Sobre la sentencia, que pone en riesgo el área verde para los vecinos de la plaza José Palma Barrera, el concejal, Carlos Hidalgo, dijo que la Municipalidad de Chiguayante debe considerar todas las alternativas para resguardar en su integridad el lugar, incluso la de tener que comprar el paño.

“Todavía faltan fallos posteriores, pero situándonos en el escenario de tomar una decisión, yo pienso desde el punto de vista social, entendiendo que si existe la posibilidad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los recursos financieros, yo me inclino básicamente en el sentido de que no debiéramos perjudicar a los vecinos y vecinas de mi comuna de Chiguayante”, afirmó Hidalgo.

Otros concejales opinan por caso de plaza en Chiguayante

Si bien no llegó a ponerse en el caso de tener que evaluar la vía económica para salvar la plaza, otro edil consultado, Dangelo Gacitúa, dijo que el lugar hay que defenderlo hasta el final.

“En perspectiva, la plaza se crea gracias a la donación de vecinos al municipio y la verdad es que particularmente considero y consideramos que esa voluntad se debe defender hasta el final. Y dentro de lo que la ley permita claramente, es necesario defender la condición que tiene el uso del suelo como un área verde”, sostuvo Gacitúa.

Por su parte, la concejala, Mayerlin Suárez, dio a entender que a esta situación se habría llegado por responsabilidades funcionarias y por eso pidiendo abrir una investigación.

“Un pronunciamiento formal jurídico respecto del fallo que ordena restituir el inmueble a su propietario privado y, especialmente, cuáles serán las acciones adoptadas por el municipio, si efectivamente va a hacer una apelación. Aquí no se trata de defender los intereses particulares, se trata de saber qué ocurrió, quién tomó la decisión, cuánto dinero público se ha invertido y si existieron errores administrativos, que se determinen las responsabilidades que correspondan”, expuso Suárez.

Pablo Aros, jefe jurídico municipal, adelantó que el próximo paso es la apelación ante la Corte de Concepción.