Con un millonario fraude al Estado como eje de la acusación, este lunes comenzó el juicio oral contra el denominado clan familiar “Los Quilodrán”, organización a la que la Fiscalía atribuye la creación de empresas de fachada y la incorporación de cientos de falsos trabajadores para obtener subsidios mediante licencias médicas falsas.
El Ministerio Público acusa a los integrantes de la organización por emisión, obtención o tramitación de licencias falsas, fraude de subvenciones, lavado de activos y asociación ilícita. El perjuicio fiscal establecido en la investigación supera los $5.350 millones.
El fiscal de la Unidad Especializada de la Fiscalía Oriente, Álvaro Pérez, explicó el mecanismo que, según la acusación, habría permitido concretar el fraude, así como la distribución de roles dentro de la estructura.
“Diversas sociedades incorporaron falsos trabajadores, aproximadamente 800, a estas sociedades. Trabajadores que no realizaban ningún tipo de actividades propias del giro de las empresas. Estos trabajadores obtenían los subsidios por incapacidad laboral”, señaló.
La investigación comenzó en febrero de 2023, luego de que la Superintendencia de Seguridad Social remitiera a la Fiscalía informes de auditoría interna de la Caja de Compensación Los Héroes sobre tres empresas.
Las revisiones detectaron trabajadores con licencias médicas repetitivas, rentas imponibles altas y similares, además de un elevado porcentaje de empleados con menos de seis meses de antigüedad que se encontraban con licencia.
Fiscalía acusa retorno de recursos a líderes de la organización
Según el Ministerio Público, la estructura estaba encabezada por un clan familiar chileno, que habría utilizado las sociedades para incorporar a los falsos trabajadores y, posteriormente, retornar los recursos a los líderes de la organización.
La Fiscalía también acusa lavado de activos. La investigación identificó, según el ente persecutor, la trazabilidad de los recursos a través de productos financieros y la adquisición de bienes, incluyendo al menos siete propiedades.
Desde la vereda de las defensas, el abogado penal público Juan Pablo Gómez, quien representa a una de las acusadas, planteó un contrapunto a la tesis del Ministerio Público. El jurista cuestionó que el perjuicio atribuido a los imputados incluya el déficit estructural del sistema de salud y sostuvo que deberán responder únicamente por las acciones específicas que se les imputan.
“En definitiva, este perjuicio es estructural, corresponde más bien a este sistema en donde existe salud privada y salud pública, que no puede en definitiva atribuirse a los imputados”, postuló.
La Fiscalía solicita penas que llegan a 20 años de cárcel para quien identifica como líder de la organización y superiores a 15 años para otros integrantes de la estructura.
Enviando corrección, espere un momento...
