La Fiscalía de Atacama confirmó que nueve personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción que involucra a funcionarios activos de Gendarmería, el Ejército y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, además de particulares vinculados a empresas proveedoras del Estado.
La cifra amplía el alcance del operativo conocido durante la mañana de este jueves, cuando inicialmente se informó de la detención de cuatro funcionarios de Gendarmería. La causa indaga eventuales delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.
Las diligencias fueron encabezadas por la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama, junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
Nueve detenidos en tres regiones
De acuerdo con la PDI, entre los detenidos hay seis funcionarios públicos y tres particulares.
Cuatro corresponden a funcionarios activos de Gendarmería: tres fueron capturados en Copiapó y uno en Mulchén, región del Bío Bío.
A ellos se suman un funcionario del Ejército y una funcionaria del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ambos detenidos en la región Metropolitana.
Los otros tres imputados son particulares. Dos están vinculados a empresas proveedoras del Estado y fueron detenidos en la capital, mientras que el tercero es familiar de una de las funcionarias de Gendarmería investigadas y fue capturado en Copiapó.
El operativo contempló órdenes de detención, entrada y registro en Copiapó; Mulchén; y las comunas de San Bernardo, Estación Central y Buin, en la región Metropolitana.
La jefa de la Bridec Copiapó, subprefecta Cecilia Diez, indicó que la investigación apunta a una eventual estructura que habría operado desde 2022 hasta la fecha, integrada por funcionarios públicos y particulares.
Compras bajo investigación
Según la Fiscalía, los delitos investigados estarían relacionados con la compra de insumos para las entidades públicas involucradas. Los primeros antecedentes surgieron en Atacama y posteriormente la indagatoria se extendió a otras regiones del país.
El fiscal Luis Miranda, de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica, señaló que los antecedentes fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, que autorizó las órdenes solicitadas por el Ministerio Público.
“Los antecedentes reunidos en esta causa fueron informados al Juzgado de Garantía de Copiapó, el que consideró la necesidad de las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía ante la acreditación de la existencia de los delitos y la participación de los imputados”, sostuvo.
Durante los procedimientos también se incautó evidencia electrónica y documentación, que será analizada por personal especializado de la PDI.
La causa se originó hace cerca de dos años, luego de que la Oficina de Seguridad Interna y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería detectaran hechos que podrían constituir delitos y entregaran los antecedentes al Ministerio Público.
Al respecto, Gendarmería manifestó su rechazo a las conductas que se aparten de la probidad administrativa y aseguró que continuará denunciando eventuales irregularidades detectadas al interior de la institución.
Los nueve imputados serán puestos este viernes, desde las 09:00 horas, a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, donde se realizará la audiencia de control de detención.
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