Diputados integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara exigieron explicaciones y responsabilidades luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la República que detectó extensos tiempos de espera para pacientes categorizados con riesgo vital y alto riesgo en servicios de urgencia de la Región Metropolitana.
De acuerdo con los antecedentes consignados en la auditoría, entre enero de 2024 y mayo de 2025, un total de 2.417 pacientes clasificados como C1 —riesgo vital— y otros 140.620 categorizados como C2 —alto riesgo— fueron atendidos fuera de los tiempos técnicos establecidos.
El informe además registró casos con esperas de hasta 73 horas, es decir, poco más de tres días.
Ante estos antecedentes, las diputadas Macarena Santelices y Catalina del Real, de Republicanos, junto a Lilian Betancurt y Roberto Arroyo, del Partido de la Gente (PDG), cuestionaron la situación y plantearon la necesidad de adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de las urgencias.
Republicanos respaldan plan de eficiencia hospitalaria
La diputada Macarena Santelices sostuvo que los resultados de la auditoría dan cuenta de una situación que afecta directamente a los pacientes y sus familias.
“Este informe de Contraloría nos muestra una realidad dolorosa que viven miles de familias. La salud y la vida humana no pueden seguir atrapadas en la burocracia”, señaló.
En ese contexto, la parlamentaria respaldó el plan de eficiencia en hospitales públicos impulsado por el Gobierno y planteó la necesidad de “modernizar la gestión de las urgencias de inmediato, optimizar los recursos y asegurar que la primera atención médica sea oportuna”.
En la misma línea, Catalina del Real sostuvo que los antecedentes recopilados por Contraloría obligan a acelerar los cambios en la gestión hospitalaria.
“Los datos del período analizado por Contraloría son categóricos y nos obligan a actuar con sentido de urgencia. No podemos permitir que pacientes clasificados en riesgo vital o alto riesgo pasen horas e incluso días esperando en una urgencia”, afirmó.
La diputada también respaldó el plan del Ejecutivo y llamó a avanzar en una reestructuración de la gestión pública que permita reducir los tiempos de espera.
PDG pide explicaciones y anuncia fiscalización
Desde el PDG, la diputada Lilian Betancurt calificó la situación como una “falta de respeto hacia los usuarios de la salud pública” y sostuvo que las dificultades presupuestarias no pueden justificar retrasos de esa magnitud en una emergencia médica.
“Podemos entender que existan dificultades económicas y presupuestarias, pero cuando hablamos de una urgencia médica, la atención no puede esperar horas o incluso días”, manifestó.
A su juicio, frente a estos antecedentes “se necesitan respuestas, recursos y una mejor gestión”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo anunció acciones de fiscalización para determinar las causas de los retrasos y eventuales responsabilidades.
“Lo que está revelando Contraloría es gravísimo: estamos hablando de pacientes de riesgo vital que debieron ser atendidos inmediatamente y que terminaron esperando horas, incluso hasta 73 horas”, sostuvo.
Arroyo agregó que solicitará al Ministerio de Salud y a los respectivos servicios de salud que informen “qué falló, quiénes son responsables y qué medidas concretas se adoptarán”.
“No podemos aceptar que en Chile una persona en riesgo vital tenga que esperar tres días para ser atendida. La salud pública debe poner primero al paciente, no la burocracia”, concluyó.
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