Andes Iron, titular del polémico proyecto minero-portuario Dominga, decidió incorporarse a la causa abierta tras una querella de Greenpeace por eventuales actos de corrupción durante su tramitación judicial.
Aunque la acción no fue dirigida nominativamente contra la empresa, Andes Iron designó a tres abogados para representarla y ejercer los derechos que le corresponden frente a las imputaciones contenidas en el documento.
Greenpeace interpretó el movimiento como un reconocimiento de que los hechos investigados alcanzan directamente a la compañía. “Es un indicio relevante en relación a cuál es la posición que la empresa considera que tendría en los hechos denunciados”, dijo a BioBioChile el abogado querellante Mauricio Daza.
Andes Iron entra a causa por presunta corrupción en Dominga
En un escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la empresa señala que, aunque no existe una querella nominativa en su contra, “en el cuerpo de aquella (…) sí se imputan hechos que a juicio de los querellantes revestirá el carácter de delitos”.
Por esta razón, para la empresa se hizo necesario incorporarse a la causa para “hacer valer los derechos que la ley ha establecido a su favor”.
De este modo, su comparecencia le permitirá acceder a los antecedentes disponibles, presentar documentos, solicitar diligencias y ejercer su defensa.
“Es tremendamente significativo que la empresa haya decidido comparecer finalmente en esta causa penal”, sostuvo Mauricio Daza, abogado querellante.
“Aquí hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿para qué contrató Andes Iron a un estudio cuyos abogados hoy están imputados por hechos de corrupción judicial?”, añadió.
Los $255 millones bajo sospecha
La acción presentada por Greenpeace busca que se investiguen eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos. Fue interpuesta contra todos quienes resulten responsables, sin identificar formalmente a una persona o empresa como autora de los delitos.
Su principal antecedente son los $255,5 millones que Andes Iron pagó entre 2023 y 2024 al estudio Lagos, Vargas & Silber por asesorías relacionadas con Dominga.
Dos de sus entonces socios, Eduardo Lagos y Mario Vargas, están imputados y en prisión preventiva en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, donde son investigados por presuntos hechos de corrupción judicial.
Greenpeace sostiene que los informes entregados por el estudio a Andes Iron reproducirían principalmente información pública. También cuestiona que la empresa ya tuviera a Ferrada Nehme como representante en la litigación ambiental.
Para el abogado Daza, la comparecencia hace más urgente determinar cuál fue el verdadero propósito de esos pagos y qué papel pudieron haber tenido estos abogados en la tramitación judicial de Dominga.
La querella vincula estos antecedentes con el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien mantenía relaciones profesionales con el estudio y cuya cónyuge, María Cecilia Ramírez, prestó servicios para esa oficina. Matus redactó en enero de 2024 una resolución que resultó favorable para Andes Iron en una causa relacionada con el proyecto Dominga.
La acción no aporta una transferencia directa a Matus ni una comunicación que pruebe un soborno o la entrega de información reservada. Lo que plantea es una serie de vínculos y coincidencias que, a juicio de Greenpeace, deben ser investigados.
Los mismos pagos ya habían abierto otra arista penal. En diciembre de 2025, la Fiscalía Nacional remitió a la Fiscalía Regional de Los Lagos antecedentes entregados por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini por posibles delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.
Un proyecto marcado por 13 años de polémicas
Dominga contempla dos minas a cielo abierto, una planta desalinizadora y un puerto en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, con una inversión superior a US$3.000 millones.
Su cercanía con el archipiélago de Humboldt, una zona de alta biodiversidad y hábitat del pingüino de Humboldt, ha generado una fuerte resistencia de organizaciones ambientales. Sus partidarios, en cambio, defienden los empleos y la inversión que llevaría a la zona.
Desde su ingreso a evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha pasado por sucesivos rechazos, aprobaciones y fallos judiciales. En septiembre de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisibles recursos presentados contra la iniciativa, dejando firme su Resolución de Calificación Ambiental de 2021.
Con esa autorización, Andes Iron comenzó en agosto sus primeras obras en La Higuera y avanza en la obtención de permisos sectoriales, mientras busca un socio para financiar la construcción.
Por ahora, la comparecencia de Andes Iron no prueba la existencia de delitos, pero confirma que la empresa decidió defenderse directamente en una investigación que cuestiona sus pagos y la tramitación judicial del proyecto Dominga.
Rectificación:
El titular de este artículo indicó inicialmente que Andes Iron ingresó a la causa en calidad de imputada. Sin embargo, el escrito presentado por la empresa informa su incorporación al proceso y la designación de abogados para ejercer su defensa frente a los hechos atribuidos por los querellantes. La resolución judicial tuvo presente el patrocinio y poder de sus defensores y se refirió a la empresa como “querellada”, sin que hasta ahora haya sido formalizada.
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